Desde el 15 de octubre, los Estados miembros de la Unión Europea pueden enviar a la Comisión Europea sus planes de reconstrucción económica. Dichas iniciativas deben estar en consonancia con los objetivos definidos y aprobados del Fondo de Recuperación y Resiliencia y del Marco Financiero Plurianual. Esto es, se esperan programas que apuesten por los procesos de transición económica, digital y energética. Tales escenarios suponen compromisos ineludibles tanto para los Estados, comunidades autónomas y ayuntamientos.
Por tanto, tenemos impuestos unos deberes y una obligación que no podemos delegar ni hacer caso omiso de la misma. El incumplimiento de dicha tarea supondría tanto una dejación de funciones como un ataque a las generaciones futuras. ¿Qué podemos hacer y cómo enfocarlo? De entrada, lo lógico sería presentar un programa formulado, acordado y aceptado por la mayor parte de los actores institucionales, económicos y sociales. Esto es, un acuerdo de máximos que pudiera ser considerado como un compromiso de país. De no ser posible, entonces, se debería contemplar y plantear un plan viable y factible que respondiera a las mayores acciones que supongan solucionar los problemas estructurales de nuestra economía. En tercer término, las actuaciones posibles deberían contar con estímulos suficientes para poder compaginar la condicionalidad con los actuales mecanismos financieros y, por consiguiente, que se pudieran enfocar hacia sectores preferentes y estratégicos.
Además, dicho marco estratégico ha de contemplar un desarrollo de tecnologías limpias; un mayor uso de energías renovables; una mejora en el uso de la energía en lo que atañe a los servicios e infraestructuras; un despliegue de los servicios de banda ancha y redes de fibra y de 5G; una gran apuesta por digitalización de los servicios públicos; un desarrollo de procesadores más potentes, una reforma de los sistemas educativos, por citar varios ejemplos.
No cabe duda de que los efectos de la pandemia han sido brutales e inéditos hasta la fecha, con resultados diferentes tanto a nivel sectorial como territorial. Dos elementos claves se nos antojan prioritarios. El primero son aquellos que afectan a los espacios públicos. Me refiero a las imprescindibles acciones que deben abordar los ayuntamientos en sus tareas cotidianas (reordenación de zonas peatonales, aspectos relacionados con la movilidad, optimización del gasto municipal, mejoras energéticas, servicios de reciclaje, fomento de la economía circular, etcétera). El segundo hace referencia a la gestión de proyectos; es decir, a los imprescindibles esfuerzos que hay que dedicar al cumplimiento de los proyectos. Vale la pena recordar las recientes conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo que, en su último informe de este año, subraya que España (Gobierno, Xunta de Galicia y ayuntamientos) ha destacado por sus dificultades a la hora de ejecutar programas europeos y, por ello, por desperdiciar gran parte de los fondos europeos (alrededor del 40 %).
Por tanto, si queremos alcanzar el objetivo, muy ambicioso, por cierto, de poder utilizar los más de 20.000 millones de euros, hay que centrarse en proyectos concretos, viables y factibles; en suma, perfectamente redactados.
Las preguntas son obvias: ¿estamos capacitados para presentar en tiempo y forma los programas? ¿Seremos capaces de integrar y coordinar proyectos para asegurar la consistencia y las sinergias de nuestros proyectos con los fondos europeos?; Y, finalmente, ¿tenemos una oficina o agencia para asegurar las propuestas y poder lograr elevados niveles de éxito?
Estamos ante una gran oportunidad de transformación, por tanto, estamos obligados a superar la selección y gestión de los proyectos anteriores y, por ende, poder ayudar a mejorar nuestras capacidades de ejecución de los fondos procedentes de la UE.