Poderes de Estado
OPINIÓN
La renovación del Consejo General del Poder Judicial se está convirtiendo en un nuevo culebrón de difícil arreglo que muestra que de poco sirve poner normas que obliguen al acuerdo si los que tienen que acordar persiguen el desacuerdo como estrategia.
Mucho se ha discutido ya sobre la división de poderes, mucho se ha recurrido a Locke, y sobre todo a Montesquieu, para asentar la idea de que el buen funcionamiento del poder se asienta sobre su división y limitación, sobre su separación, sobre la primacía del legislativo o sobre la independencia del poder judicial. Pero creo que el problema no está ahí.
No tengo claro que los poderes en el siglo XXI sigan siendo tres, y no me refiero sólo al cuarto poder que señalara Burke ya en 1787, sino también a los tres fenómenos que ya se han denominado quinto poder, a saber, la intervención del Estado sobre el mercado, el empoderamiento ciudadano, o el poder de la red, especialmente este último. El problema reside en dirimir si estos nuevos poderes son poderes del Estado, o no.
Desde mi punto de vista, lo que hace que ciertos poderes sean del Estado es precisamente que emanan de la ciudadanía, ¿o acaso hay otra fuente de legitimidad del poder dentro del Estado democrático? Este es el nudo gordiano de la cuestión; más allá del artículo 1 de la Constitución, si los tres poderes emanan de la única fuente de legitimidad del poder democrático, el problema reside en cómo se procede al traslado de ese poder originario a cada uno de los espacios de poder del Estado.
El legislativo se ha convertido en el distribuidor del poder, de él emerge el ejecutivo y de él emergen también algunos espacios del poder judicial, entre ellos el CGPJ, aunque estrictamente hablando, éste no forme parte del poder judicial.
En un sistema parlamentario como el nuestro, la legitimidad del poder se traslada directamente desde la ciudadanía al Parlamento y allí se redistribuye. Si esto no funciona hay que pensar en otros sistemas.
Los modelos presidencialistas han optado por crear dos vías de legitimidad, una a través de la cámara y otra a través de la presidencia, que eligen directamente los ciudadanos. Algunas propuestas que se han presentado en España hablan de que los jueces se elijan a ellos mismos, pero entonces, ¿de dónde nace la legitimidad del poder en esa elección corporativa?
En realidad, la única alternativa democrática a la elección parlamentaria solo puede ser recurrir a la fuente de la que emana el poder, la ciudadanía. Algunos países ya están optando por elegir algunos jueces, pero creo que esa tampoco es aquí la solución.
La solución pasa por reconocer la legitimidad de todos los ciudadanos para que su expresión de poder llegue a todos los poderes del Estado y que sus señorías dejen de pensar electoralmente y empiecen a pensar en términos de Estado.
Ojalá en 2021 esta generación de políticos se hagan mayores de una vez.