La birmana Aung San Suu Kyi tiene 75 años y ha pasado quince en arresto domiciliario. De familia prominente, recibió una educación privilegiada en su país y en el extranjero, lo que le permitió trabajar en instituciones de prestigio como la ONU o la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres. A su regreso a Birmania decidió participar en la política para lograr una transición pacífica a la democracia. Su activismo le granjeó un gran seguimiento y el Nobel de la Paz en 1991. Tras las elecciones de noviembre del 2015 accedió al gobierno, aunque no a la presidencia debido a una serie de restricciones constitucionales establecidas para impedírselo. Desde entonces, y bajo la atenta mirada de la cúpula militar, ha trabajado para desarrollar la democracia, pero todo el esfuerzo de una vida se vio comprometido a partir del 2017 con los ataques y expulsión de cientos de miles de musulmanes de la minoría rohinya. Y pasó a tener que hacer frente a un juicio por genocidio.
Por si tan azarosa vida no fuera suficiente, el lunes amanecimos con el anuncio de un nuevo golpe de Estado por los militares. La toma de la capital Naipyidó y el cierre de los medios de comunicación e Internet sumió en un silencio informativo a Birmania. Se sabe que los militares han justificado la toma de poder y el decreto del estado de emergencia durante un año por un supuesto «fraude» en las elecciones del 2020, que dieron una aplastante mayoría del 83 % al partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia. Sin un motivo aparente, ya que los militares conservan un amplio poder en el país, el arresto domiciliario de Suu Kyi, de los miembros del parlamento y otros activistas parece que responde más a las ambiciones políticas personales del comandante en jefe Min Aung Hlaing, ahora autoproclamado presidente. Frente a la condena internacional, preocupa el cambio en el equilibrio geoestratégico que pueda provocar entre la India y China, las dos grandes potencias asiáticas ávidas de poder, en un momento de restricciones por la pandemia.