Cuando el PSOE y el PSC, con el indispensable apoyo del Gobierno, decidieron, en contra de todas las restantes fuerzas políticas y del más elemental sentido común, que las elecciones catalanas debían celebrarse en la fecha prevista inicialmente, lo hicieron para aprovechar la ventaja derivada de presentar como candidato a la presidencia de la Generalitat a un político que, por ser ministro de Sanidad, era muy conocido en toda España; y que, por ser un hombre dialogante, tenía mejor cartel que el que realmente merecía a juzgar por los nefastos datos españoles de la lucha contra el covid-19.
El Gobierno, convencido de que votar el 14-F era necesario para evitar cualquier riesgo de que pudiera acabar diluyéndose el llamado efecto Illa, despreció el obvio margen que le concedía el auto de 22 de enero del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para facilitar un cambio de la fecha electoral que, impuesta inicialmente por los jueces, no obligase a los catalanes a ir a las urnas en una situación de extremo riesgo sanitario.
Pero a veces el tener tan buenas cartas puede cegar al jugador. Y ciegos con su posible victoria en Cataluña tuvieron que estar el Gobierno y el PSC para no ver lo que era obvio: 1. Que el reparto de los votos estaría, como siempre, condicionado por la participación; 2. Que el miedo a un posible contagio favorecería inevitablemente la abstención; y 3. Que la abstención tendería a ser mayor entre los votantes constitucionalistas, en general menos movilizados en las elecciones autonómicas y más numerosos en la franja de edad que más riesgo corre en caso de contagio.
Si el Gobierno y el PSC hubieran tenido en cuenta lo que, por contraste, cabría denominar un eventual defecto Illa, quizás habrían imaginado la posibilidad de que sucediera lo que hoy anuncian todos los medios de comunicación: una enorme caída de la participación que, como era previsible, se ha traducido en una reforzada victoria de los independentistas, que, aunque compitan entre sí, actúan como un bloque, según lo demuestra su compromiso por escrito de no gobernar en ningún caso con los socialistas catalanes. El PSC ha doblado, sí, sus resultados, pero ese gran crecimiento -que no compensa el fiasco de Ciudadanos, la caída de PP, ni el subidón de Vox- le será de muy poca utilidad…
Salvo, claro, que -despreciada por los socialistas catalanes desde siempre la búsqueda de una mayoría constitucionalista (recuerden el infame Pacto del Tinell)- su objetivo fuera el que Ciudadanos y el PP se han cansado de denunciar: colocarse por delante de Junts y de ERC en el Parlamento catalán para gobernar luego con el apoyo de los Comunes y los republicanos. O, lo que sería aun peor, mejorar su posición relativa para participar en lo que antes de prometer que no lo harían, los socialistas llamaban un gobierno transversal, es decir, un gobierno con ERC y los Comunes presidido por un independentista. Lo que haga a partir de ahora el PSC demostrará cuales eran sus verdaderas intenciones.