Pese a las prórrogas de la moratoria concursal y de los ERTE, las cifras de insolvencia en España comienzan a crecer de forma significativa. Al mismo tiempo, grandes empresas y entidades financieras perfilan o están ya inmersas en ajustes masivos de plantilla con cierre de tiendas, delegaciones y sucursales en aras de ganar en rentabilidad y eficiencia. Se trata del reflejo tangible de la tasa de ocupación que pulsamos diariamente en nuestro despacho.
Y es que el embate de la ola de insolvencias ha dejado con sus vergüenzas al aire el más grave problema de la realidad española: el empleo.
Era de sobra conocido que la España prepandémica arrastraba una tasa de desempleo enormemente elevada comparada con nuestro entorno. Un problema estructural de la economía española. Tanto como la pachorra con la que los políticos de los diferentes partidos con responsabilidades de gobierno han ido pasando de puntillas sobre la cuestión.
La novedad es que el problema se ha agudizado de forma brusca. La pandemia ha traído también una revolución en términos de automatización, digitalización, modificación del comportamiento de los consumidores o constante crecimiento de canales online que han venido para quedarse. Muchos empleos ya no se recuperarán.
La cifra oficial de más de 3,6 millones de parados registrados no ofrece un panorama real si no se le agregan las 550.000 personas en ERTE, los 300.000 autónomos que han dejado su actividad o los 600.000 trabajadores «en formación o con disponibilidad limitada». Por más que se edulcore, hemos padecido la mayor caída del PIB entre las grandes economías de Europa y protagonizado la mayor destrucción de empleo.
Por eso, seguir haciendo lo mismo ya no sirve. Tampoco las manifestaciones grandilocuentes para dentro de 30 años, porque estamos en plena transición, envueltos ya en un cambio de modelo y de pensamiento.
Para posibilitar nuestro acceso a los fondos de recuperación, Bruselas ha insistido en resetear el SEPE. No podemos permitirnos que el extinto Inem o el actual SEPE sigan siendo un mero y desactualizado gestor de prestaciones para aquellas personas que pierden el empleo. Es preciso una readaptación a sus propios objetivos de promoción, diseño y desarrollo de medidas y acciones de colocación.
La frase «voy apuntarme al paro» suena viejuna. También aquí la reforma ha de pasar por el fomento de nuevas habilidades cognitivas y socioemocionales que permitan convivir con la inteligencia artificial y la transformación digital. La agilidad en la tramitación es obligada. Si tengo una app para gestionar mis cuentas bancarias, para confirmar la hora a la que pasa el autobús o para medir mis horas de sueño, ¿por qué no una app en la que gestione mi prestación de desempleo? ¿Por qué no obtener ofertas de trabajo a golpe de clic, ya sea en mi área geográfica o en un radio mucho más amplio, sin distorsiones? Miremos a las redes sociales como LinkedIn. Son ecosistemas donde trabajadores y empleadores entran en contacto y generan oportunidades profesionales. En las que los headhunters publicitan y comparten ofertas y los demandantes currículos, en un networking 24 horas. Si preguntas a alguien que se acaba de quedar sin empleo quién cree que puede aportarle más a la hora de buscar un trabajo, ¿el SEPE o LinkedIn, la respuesta, muy a la gallega, podría ser otra pregunta: ¿Quién es el SEPE?