Afirmar, como han hecho algunos tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, que van a pronunciarse sobre aquel «sin entrar en disquisiciones jurídicas» es tanto como juzgar el tratamiento que un doctor ha prescrito a su paciente «sin entrar en disquisiciones médicas».
La razón es sencilla: los tribunales constitucionales no juzgan sobre la oportunidad (política, económica o social) de las normas que se someten a su consideración -algo que los convertiría en lo que nunca deben ser- sino sobre la adecuación de aquellas a la Constitución. Sus juicios no son de oportunidad, sino de constitucionalidad, lo que exige al menos, para enjuiciarlos, tener la prudencia de saber de qué se habla.
Por eso, lo que constituye una «aberración» es calificar como tal la sentencia en la que el alto tribunal ha declarado la inconstitucionalidad de algunas de las medidas incluidas en el primer estado de alarma decretado por el Gobierno, sin decir una palabra de derecho. Yo sí lo haré.
La ley orgánica de estados de alarma, excepción y sitio prevé que el que puede declararse en caso de epidemias es el primero de los tres. Ocurre, sin embargo, y este es el origen de un problema jurídico que ya señalé en más de una ocasión en estas páginas, que el estado de alarma no permite suspender los derechos mencionados en el artículo 55.1 de la Constitución (entre otros, el de libre circulación), precepto que determina taxativamente que para hacerlo deben declararse los estados de excepción o de sitio, sujetos ambos a un control del Congreso mucho más estricto. Como la Constitución habla de suspender, no habría problema para limitar los derechos afectados por la alarma, para lo que no hubiera sido siquiera necesario declararla, dado que aquellos pueden limitarse por ley orgánica siempre que no se vulnere su contenido esencial.
¿Suspendió el Gobierno los derechos, o sencillamente los limitó, con su declaración del estado de alarma? El Tribunal Constitucional, por lo que sabemos, entiende que se produjo una suspensión de la libre circulación por efecto del confinamiento y que aquella fue por tanto inconstitucional, pues solo podía haberse declarado por el Congreso mediante el estado de excepción. Aunque tal cuestión es susceptible de juicios diferentes, hay poderosísimas razones para defender que lo que vivimos durante el confinamiento fue una suspensión del derecho a la libre circulación. Si no fue el caso, ¿qué restricciones tendría que experimentar tal derecho para poder considerarlo jurídicamente suspendido? No soy capaz de imaginarlas.
Por lo que parece, tampoco la mayoría del alto tribunal, que decide por votación, como todos los órganos jurisdiccionales colegiados. Acusarlo de eso para deslegitimar sus resoluciones (solo, por cierto, cuando se discrepa de ellas) es otra forma más de manifestar una clara incomprensión de lo que son los tribunales constitucionales, de qué hacen, y del paso de gigante que supusieron para pacificar la vida política de los Estados democráticos.