Tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma, y antes de publicarse los argumentos jurídicos que lo justificaban, el Gobierno se lanzó en tromba contra el supremo intérprete de la Constitución, así definido por su ley reguladora, que añade que es independiente y está sometido solo a aquella y a la Constitución.
Abrió el ataque nada más ni nada menos que ¡la ministra de Justicia!, quien, tras señalar que el Gobierno «acataba la sentencia» (algo, en sí mismo, surrealista), manifestaba, entre otras lindezas, que el estado de alarma era constitucional. Quizá el Gobierno lo creyó en su día, pese a que ahora sabemos que algunos de sus miembros (más bien miembras) ya advirtieron entonces de que el estado que debería declararse para dar cobertura a algunas de las medidas aprobadas -sin duda necesarias, como subrayará el Constitucional- era el de excepción y no el de alarma, que es precisamente el fallo del alto Tribunal. Pero una vez zanjada la cuestión por quien es competente para hacerlo, que el Gobierno se empeñe en sostenella constituye sencillamente una barbaridad jurídica y política.
Declarada la guerra inmediatamente después de haberse producido los ascensos y las degradaciones entre quienes componen el Consejo de Ministros, ninguno quiso quedar, ¡no fuera a ser!, en evidencia frente a Sánchez, tan caprichoso a la hora de elegir a sus colaboradores. Por eso, todos se pusieron en orden de combate, supieran o no de lo que hablaban, pues para eso solo hace falta determinación y voluntad de no hacer brutta figura, como dicen los italianos, frente al jefe. Incluso la prudente Margarita Robles, que se había mantenido al margen del acoso del Gobierno a otras instituciones, cedió a la presión y puso su grano de arena en la deslegitimación de un tribunal que si, como todos, no es independiente, no sirve para nada.
También Conde-Pumpido, magistrado del Constitucional de los llamados progresistas (¡vaya cosas!), se unió a la refriega y calificó de «legos» y «juristas de salón» a quienes votaron a favor de la inconstitucionalidad, aunque, eso sí, sin hacer lo que sería con tales juicios consecuente: abandonar de inmediato un tribunal que está, según su parecer, tan lejos de las presuntas capacidades de alguien que tiene en tan baja consideración a sus colegas.
El funesto paso de Sánchez por la Moncloa, que no lo es menos por haber obtenido la exigua mayoría que le permite gobernar con apoyos que ningún otro partido socialista europeo aceptaría, dejará muchos destrozos, pero uno, el institucional, destacará sobre todos los demás: la desautorización y deslegitimación constante de los órganos que ejercen la función jurisdiccional (los jueces y tribunales y el Tribunal Constitucional) y el control externo del propio Ejecutivo (el Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas) será una inolvidable contribución de este PSOE a la galopante degradación de nuestra democracia, que se inició con una moción de censura vergonzosa.
