Después de veinte años de intervención militar y humanitaria, liderada por EE.UU. y la OTAN, un billón de dólares gastados, de los cuales unos 150.000 millones en labores de reconstrucción, después de 3.500 muertos en los contingentes internacionales -entre ellos 104 españoles-, y más de 64.000 en las fuerzas de seguridad autóctonas, Afganistán ha vuelto al punto de partida, los talibanes han recuperado todo el poder, más incluso que en el 2001 puesto que ahora controlan todo el territorio. Solo nos queda extraer las lecciones aprendidas, analizar las consecuencias y emprender las acciones necesarias para limitar, en lo posible, los daños que pueden derivarse de este retorno al pasado.
En el interior del país, está claro que volverá a regir la ley islámica, la sharía, en su versión más radical y cruel, basada en el wahabismo saudí. Todas las libertades y derechos quedan subordinados a esa interpretación extrema del Corán. Los más perjudicados, las minorías occidentalizadas de las ciudades, particularmente de Kabul, y en especial las mujeres y las niñas, que regresan a un estado de sometimiento y control inhumano, privadas de libertad y de futuro. Los talibanes han hecho promesas: las mujeres tendrán acceso a la educación, tendrán derechos, pero siempre dentro de los límites de (su interpretación de) la ley islámica. También han prometido no vengarse de los que han colaborado con los ocupantes. Pero sus primeros hechos desmienten estos propósitos, y las terribles imágenes del pánico y la huida de miles de afganos demuestran la poca credibilidad que sus promesas tienen entre sus conciudadanos.
En el exterior, el primer efecto es el enorme desprestigio que este fracaso -y sobre todo su caótico final- han supuesto para EE.UU. y en general para las democracias liberales, que dará alas al yihadismo en todo el mundo, también en el Sahel que es la zona más sensible para Europa, y hará dudar a todos aquéllos que confían en EE.UU. para su seguridad, incluidos sus aliados europeos que ya están pensando en cómo lograr su autonomía estratégica, solo teórica hasta ahora, incluida la militar, que es la más problemática.
El vencedor es Pakistán, donde nacieron los talibanes, que ha manejado a través de su servicio de inteligencia ISI el doble juego que les permite extender su influencia hasta Asia central, en detrimento de India, su rival histórico. China y Rusia tratarán de aprovechar la nueva situación, la primera en especial para aprovechar los recursos mineros que necesita para su desarrollo tecnológico, pero siempre con el temor de que el radicalismo islamista se contagie a los países vecinos, en el caso de Rusia, o al territorio de Xinkiang, en el de China, lo que tratarán de evitar a toda costa.
Tal vez los talibanes hayan aprendido algo e intenten cumplir el compromiso que adquirieron en Doha, en febrero del 2020, con la administración Trump de no apoyar a ningún movimiento terrorista en su país, puesto que tienen la experiencia de lo que sucedió en el 2001 y puede volver a suceder. Sus enfrentamientos con el ISIS parecen jugar a favor de esta opción, que sería muy provechosa para todos si aceptaran cooperar con los servicios de inteligencia occidentales para controlar a este grupo -y a Al Qaida- a cambio de su estabilidad en el Gobierno.
Para Occidente la lección está clara, aunque ya debería haber sido aprendida en Irak y Libia: no se puede destruir nada sin saber qué se va a construir para reemplazarlo y tener la seguridad de que se dispone de los medios y las condiciones para conseguirlo. Pretender establecer una democracia liberal en un país dominado por las costumbres tribales es ilusorio. Hay que trabajar con la realidad existente.
Ahora toca utilizar todos los medios políticos y económicos para convencer a los talibanes de que les conviene honrar los compromisos que firmaron en Doha y respetar un mínimo de derechos humanos, incluyendo por supuesto a las mujeres, así como resolver el problema de los refugiados. No será fácil, pero después de veinte años estamos moralmente obligados a hacerlo.