La teoría económica nos dice que, para enfocar un correcto y equilibrado plan de desarrollo, un país debe aprovechar sus ventajas comparativas y enfatizar en sus ventajas competitivas. El célebre economista David Ricardo lo resumía de la siguiente forma: «A un país se le da mejor hacer unas cosas que a otros; en consecuencia, haz aquello que se te da mejor e importa el resto». Asimismo, en los planes económicos debemos proceder a consolidar los procesos productivos por medio de actuaciones que refuercen la integración vertical (asociadas a actividades) y la integración horizontal (vinculada a espacios), con el fin de evitar los estrangulamientos y desintegraciones sectoriales, pues de constatarse esto último sería la confirmación de la existencia de falta de coherencia. Y, por último, se debe buscar la incorporación y aplicación de nuevas tecnologías (de proceso, de distribución y de comunicación) y mejorar los posicionamientos en los mercados internacionales, a fin de generar el mayor nivel de efectos multiplicadores y sinergias positivas tanto en lo concerniente a la producción como a empleo y rentas.
Galicia dispone, en términos de potencial económico, muchas oportunidades para aplicar los principios enunciados. Uno de dichos nichos u opciones a desarrollar es el relativo al aprovechamiento, desarrollo y gestión de los recursos forestales, el denominado «oro verde».
Hace un tiempo escribí varios artículos en este periódico (5 de mayo y 2 de septiembre del 2013) resaltando tres cuestiones: a.- la relevancia de las actividades forestales en el PIB de Galicia (en torno al 2 %); b.- la amplia superficie del monte arbolado (supone el 48 % de la superficie total gallega y 2/3 de la superficie forestal), y c.- los más de 7,5 millones de metros cúbicos de cortas suponen el 40 % de España en términos de valor. Pero también, señalaba varios retos (carencia de certificaciones) e interrogantes (carencia de articulación industrial).
Galicia tenía una asignatura pendiente de aprobar. Era preciso no solo poseer, actualizado, un plan forestal (consensuado entre los agentes económicos y sociales y que sea proyecto de país); sino también un plan de utilización integral de las potencialidades que encierran tanto las actividades forestales como las conexas y vinculadas a él. Esto es, pensando en cómo extraer los máximos efectos multiplicadores respetando los criterios de una explotación e industria sostenibles.
Para ello, todas las recomendaciones en materia de política económica sugieren dos iniciativas. La primera, la existencia de instrumentos de colaboración público-privada que apuesten a medio/largo plazo por un sector/actividad que lleve implícito el concepto de marca-país. Y, el segundo, el desarrollo de lo que se denomina «cuarta hélice», es decir la conjunción de las administraciones públicas, empresas privadas, universidad y sociedad civil en un proyecto básico y tractor.
Creo que vamos en esa dirección. La reciente aprobación por parte de la sociedad Impulsa (ente público/privado) de un proyecto de fábrica de fibras textiles, que trata de extraer la máxima utilidad y un mejor aprovechamiento integral de la superficie arbolada de cara a servir de materia prima a un desarrollo industrial (textil) que refuerce el concepto de marca-país en el mundo, es una buena oportunidad para demostrar que las viejas asignaturas pendientes pueden llegar a ser aprobadas, aunque sea con años de retraso.