A mediados de los años 80 se estimaba que a las costas y rías gallegas llegaban unos 76.000 m3/día de vertidos urbanos, y la Comandancia de Marina contabilizaba en la ría de Vigo 400 puntos de vertido.
En 1995 se inició la construcción por la Xunta de la primera gran planta depuradora de Vigo, una planta contestada tecnológica y ecológicamente, pero sin embargo inexplicablemente construida. Una depuradora que a los pocos años de su funcionamiento logró que la ría de Vigo fuese objeto —desde el 2011 al 2018— de una sanción de la Unión Europea a España por mala calidad en la depuración de las aguas. Solucionado con una nueva depuradora que costó otros 260 millones de euros.
Según datos de la Xunta, de los 1.648 vertidos detectados en Galicia a 28 de septiembre del 2021, hay 265 contaminantes. Sin embargo, en la información hecha pública no se discrimina el origen y características de los vertidos, algo que a no dudar tiene repercusiones en su gestión pues, simplificando, si estos son de origen industrial la responsabilidad para subsanarlos es privada y si son de origen urbano la responsabilidad es pública. Por más que las labores de inspección y sanción en ambos casos sean responsabilidad de Augas de Galicia y su Plan de Control de Verquidos.
La deficiente gestión de los vertidos en el Mar Menor ilustra los efectos que nutrientes y/o contaminantes industriales provocan en ecosistemas con alta actividad antropogénica (industrial y urbana) como son las rías. Añadamos los déficits de diseño, tecnológicos y de mantenimiento de los sistemas de depuración instalados y su elevado coste, y tendremos un prontuario acertado de las deficiencias históricas y actuales en el control de la calidad de las aguas que llegan a nuestras rías. Muestra de ello es que la Consellería de Infraestructuras estima que la mitad de las depuradoras en municipios de más de 2.000 habitantes funcionan de forma deficiente.
Una deficiencia agravada por los costes de la depuración y del mantenimiento, que en gran número de casos no son soportables por las menguadas haciendas municipales gallegas. Hecho analizado exhaustivamente por el profesor Álvarez Corbacho para un gran número de servicios públicos, también el del ciclo del agua, en ayuntamientos de pequeño tamaño incapaces de sostenerlos. Lo que lleva a una concentración de estos servicios, y los impuestos para costearlos, en entidades supramunicipales. Como ya sucede actualmente con los convenios de 28 concellos y la entidad Augas de Galicia, y se propone generalizar la Xunta en el anteproyecto de Ley de mejora de la gestión del ciclo del agua. Anteproyecto que necesita de una demorada y amplia discusión, en la medida que afectará, para bien o para peor, al agua y a nuestros ecosistemas. También a nuestras administraciones y su capacidad de gestión en eficacia y costes, cuestionable si uno repasa el especial de La Voz Rías de Galicia, Nochebuena de 2013, o tantos avisos y noticias más de estos años. Saneamientos retumbantes.