¿Qué puede hacer el Gobierno ante el encarecimiento de la energía?
OPINIÓN
La capacidad de un gobierno para frenar la inflación cuando esta procede del incremento de los precios de los productos energéticos en los mercados internacionales es prácticamente nula. Tenemos que pagar más por la energía que importamos, y esa mayor factura no hay forma de eludirla, tenemos que pagarla de una forma o de otra. Somos todos más pobres y hay que asumirlo. El Gobierno puede decidir cómo distribuir la carga, mediante, por ejemplo, ayudas a las familias más vulnerables o a las actividades económicas más consumidoras de energía, pero siendo conscientes de que la disminución de la carga que soportan estos solo puede ser a costa de incrementar la que soportan el resto de ciudadanos, en forma de más impuestos.
La única medida potente que puede adoptar el Gobierno es en el ámbito de la electricidad, modificando el mecanismo de formación de precios. No obstante, esto tiene sus complicaciones. Si se limita el precio que reciben las centrales de gas por debajo del precio que pagan por la materia prima, la diferencia debe ser cubierta de alguna forma. Si es cubierta por el Estado, significa que los ciudadanos lo pagaríamos igualmente, pero en forma de más impuestos; si se acumula en forma de una deuda hacia las compañías generadoras, la tendríamos igualmente que pagar, mediante recargos en nuestros recibos de la luz durante años; y si se traspasa al resto de compañías generadoras, habría que ver cuál es el impacto final sobre el precio.
Otra posible vía es la extracción de los «beneficios caídos del cielo» que reciben las empresas generadoras que no emplean gas, para luego destinarlos a compensar a familias y empresas, o para, de alguna manera, rebajar la factura de la luz. Pero esto tiene sus límites. No se puede realizar de forma arbitraria sin tener en cuenta que una parte de la producción no se vende en el mercado mayorista de electricidad, sino en contratos a largo plazo con precios fijados de antemano. Además, la expectativa de obtener una determinada rentabilidad es lo que impulsa la inversión en energías renovables, por lo que la fijación de un límite a esa rentabilidad debe hacerse con cautela.
En cuanto a los combustibles, subvencionar una parte de su precio, aunque muy popular, es una mala idea. Lo que no pagan hoy los automovilistas en los surtidores, lo pagaremos mañana todos los contribuyentes en forma de más impuestos, de modo que en realidad es una transferencia desde los ciudadanos que no usan coche hacia los automovilistas. Además, es muy ineficiente: como estos pagan menos por el combustible, no tienen incentivo para ahorrarlo o para modificar sus costumbres, por lo que van a consumir más del que utilizarían de otro modo, lo que encarece la futura factura a pagar por el conjunto de los contribuyentes.
En anteriores choques energéticos se adoptaron medidas de ahorro de energía —reducción del alumbrado público, incluso limitación de velocidad en las autovías—. Existe margen en este ámbito. Se echan de menos medidas de este tipo en el paquete aprobado por el Gobierno.