La economía no está para bromas. Los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia están ocasionando fuertes desajustes y nos encaminan hacia una fase de estanflación (recesión con inflación). Son evidentes las repercusiones de primer orden, aquellas que se derivan de los altos precios de la energía (petróleo, gas y electricidad); de las materias primas agrícolas (trigo, maíz, grano, aceite); de los metales (aluminio, níquel); y de los fletes marítimos. Estas manifestaciones, todas ellas descontroladas e inmersas en círculos virtuosos, se están realimentando; con lo que en los próximos días asistiremos a una presión alcista de los precios y a un desajuste en el suministro y aprovisionamiento, afectando tanto a las actividades tradicionales como a las innovadoras.
Las repercusiones de segundo orden se trasladan a otras magnitudes de carácter económico y social. De una parte, llegan a alcanzar a los ratios financieros de las empresas y de las administraciones públicas, que exigirán nuevas políticas monetarias y fiscales de cara a mitigar los efectos negativos derivados de los desequilibrios comerciales y económicos. Y, de otra parte, poseen implicaciones en el ámbito social, al registrar incrementos notables de la pobreza, al acentuarse la desigualdad económica y abrir una brecha en los niveles de oportunidad. En suma, incertidumbre y menor optimismo.
Ante este planteamiento, algunos economistas sugerimos la implantación, momentánea, de una política de rentas. El objetivo es mitigar y amortiguar los efectos inflacionistas que inciden en la capacidad adquisitiva de los empleados y empleadores; y a limitar, mediante un gravamen, los denominados beneficios caídos del cielo que están obteniendo algunas empresas. Se trata de evitar una tormenta perfecta que afecte a todos; y coadyuvar a generar una atmósfera social adecuada que permita incrementar la productividad y no perder capacidad competitiva.
Vienen tiempos difíciles. Un encarecimiento del petróleo de un 10 % supone una pérdida entre una y dos décimas del PIB. La propuesta de una política de rentas supone distribuir el impacto y amortiguar sus efectos negativos antes que ir a un desastre más grande. En primer lugar, actuando sobre los precios de la energía, cambiando no solo la fiscalidad en el precio final y desacoplándolos, sino admitiendo excepcionalidades y transitoriedades en actividades altamente dependientes de la energía (pesca y transporte, por ejemplo) y corrigiendo los beneficios extraordinarios y artificiales de algunas empresas (windfall profits). Y, en segundo lugar, un pacto de rentas, que abarque nuevos acuerdos salariales y beneficios empresariales dentro de una negociación amplia, a fin de evitar el crecimiento de la pobreza y de una pérdida del poder de compra de los consumidores (en febrero los salarios marcaron una subida del 2,2 % y los precios, del 7,4 %; esto es, una brecha de cinco puntos). Es decir, una regulación pactada, parecida a la efectuada en los Pactos de la Moncloa.
Los críticos con estas medidas exponen que no deben prolongarse en el tiempo y que las medidas de control no siempre se cumplen exitosamente. Lo que propongo son medidas a corto plazo, de choque y de corrección de una espiral inflacionista que tanto daño puede hacer a la economía y a los ciudadanos. Porque lo necesario en estos momentos es corregir las distorsiones, definir un horizonte a corto plazo creíble y ajustar las expectativas a la mayor eficiencia posible. Lo demás, es dejar la suerte de todos a la ilusión e interés de unos pocos.