Tras el desastre de las elecciones andaluzas y con las encuestas claramente en contra, Pedro Sánchez ha decidido pasar al ataque. En primer lugar ha lanzado un paquete anticrisis que incluye un impuesto a las compañías energéticas, que multiplican sus beneficios impúdicamente mientras muchos españoles pasan apuros para pagar sus facturas de la luz. Hay también medidas de choque destinadas a paliar la situación de los grandes perdedores de esta crisis (que, como en todas, siempre son los mismos). Se añaden a la excepción ibérica para abaratar el precio de la electricidad. Se puede discutir si son suficientes o no, si son las adecuadas o no. Con una inflación desbocada (como en Reino Unido, EE.UU. o Alemania) que dispara los precios de los productos básicos, nada nunca puede ser bastante. Pero había que actuar, como hizo el Gobierno con los ERTE, el ingreso mínimo vital o la subida del salario mínimo, para contrarrestar los efectos de la pandemia. Pero lo más llamativo de la ofensiva de Sánchez es su denuncia a una supuesta conspiración de los poderes económicos, a través de sus terminales políticas y mediáticas, en contra de un Gobierno «incómodo». Un discurso que le dio grandes réditos cuando fue defenestrado de la secretaría general del PSOE, que luego reconquistó en las primarias. Es de primero de su manual de resistencia. Y este recurso tiene la ventaja de que responde a una realidad: el Gobierno de izquierdas, que tiene como socios a ERC y Bildu, causa gran rechazo en los poderes fácticos. Y estos no se caracterizan precisamente por quedarse quietos. ¿Funcionará la estrategia? Sánchez dice que no le van a quebrar. La cuestión es que los que pueden quebrarlo, los votantes, ya lo han hecho en Andalucía.