Las guerras jurídicas, o lawfare, no son novedad, apenas un uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política. A poco que hagan memoria identificarán personajes, episodios y estrategias políticas que las padecieron. Las que pretendidamente afectan a las protagonistas de esta pieza, Cristina Kirchner y Laura Borrás o Jordi Pujol, apenas tienen en común que la judicatura les ha abierto causa. A Cristina Kirchner se le acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que perpetró, entre el 2007 y el 2015, «la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país». El fiscal pide cárcel para Kirchner y su inhabilitación perpetua para cargos públicos. Ella proclamó: «Este no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo». El enjuiciamiento desata la solidaridad internacional de los presidentes de México, Bolivia o Colombia, los expresidentes Dilma Rousseff o Evo Morales, y dirigentes de Podemos, Pablo Iglesias o Baltasar Garzón, que lo consideran una persecución judicial para apartar a Kirchner de las elecciones presidenciales. Solidaridad acompañada con manifestaciones y marchas en el barrio de La Recoleta, corazón de Buenos Aires, coreando: «Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar».
Es cierto que el uso de la ley y el poder judicial para conseguir lo que la democracia no otorga viene de lejos y se está generalizando en muchos países. Brasil, con el encarcelamiento del presidente Lula y la dimisión de Dilma Rousseff con la ayuda del juez Moro, luego ministro con Bolsonaro, es el caso más sonado y conocido.
No puede ni debe entenderse así el caso de Laura Borrás, enjuiciada por falsedad y prevaricación, en beneficio de un amigo, cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes. Tampoco la respuesta buscada de resistencia numantina en la Presidencia del Parlamento logró el más mínimo apoyo en su afán de convertir una causa de corrupción asentada en ser víctima de un lawfare («jueces hipócritas», «sincronizados con el poder judicial»), llevada al extremo en su exhibicionismo en el boicot independentista al homenaje a las víctimas de las Ramblas, en un acto de una desmesurada indecencia.
Más éxito tuvo Jordi Pujol en 1984 al lograr convertir su enjuiciamiento en el caso Banca Catalana, del que la historia señala que había causa, en un caso de lawfare del poder central contra Cataluña, sostenido por catalanes —nacionalistas o no—, en una manifestación de 300.000 personas protestando por la querella contra Pujol y en defensa de su honorabilidad, al grito de «Jordi, Jordi, Jordi».
De todo ello, y de otros casos que se retengan en la memoria, es fácil entender que las guerras jurídicas forman parte de la política. Lo que explica los intereses en torno a poderes judiciales o tribunales. Guerras políticas por otros medios.