La defensa de Griñán no lo tiene fácil. Sus múltiples escritos encaminados a que su representante no entre en prisión por el caso de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas tendrán que ser contrastados con los de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita que no se suspenda la entrada en prisión del expresidente andaluz. Si en vez de Griñán estuviésemos hablando de un robagallinas cualquiera, este último lo tendría claro. No olvidemos que cada año se presentan miles de indultos en España y no se conceden apenas ninguno. En este caso lo tiene todavía más complicado, pues los socios de Gobierno, Unidas Podemos, no quieren ni oír hablar del perdón. Pero, aunque difícil, la cosa no está imposible. El indulto por definición es una medida especial de gracia por la cual la autoridad competente perdona a una persona toda o parte de la pena a que había sido condenada en virtud de una sentencia firme. Y esa medida de gracia es prerrogativa del Gobierno, un Gobierno que no se pondrá colorado si comete semejante agravio con el resto de penados existentes en este país. El Tribunal Supremo advierte que la paralización de la ejecución de una condena solo debe ser aplicada en casos excepcionales. Sánchez, si se pone a ello, enseguida le encuentra la excepcionalidad al asunto. Es su especialidad. Pobre artículo 14 de la Constitución. Aquel que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley.