Gabriel Rufián, condenado a pelear sin posibilidades por ser alcalde de su Santa Coloma natal —algo que no quiere ni en pintura— apura su estrellato como viceportavoz del Gobierno con ocurrencias que ponen contra las cuerdas el relato oficial de Pedro Sánchez. Ayer, en los corrillos del acto de conmemoración de la Constitución, el socialista le dio la razón una vez más al charnego que se hizo independentista por convicción en su juventud. Gabriel, sincero a veces, admitió este fin de semana que, en lenguaje propio de Joan Laporta, el solo sí es sí a los Presupuestos era la palanca con la que Esquerra había activado la reforma del Código Penal para limar por completo primero el delito de sedición y, más tarde, el de malversación. Todo para conseguir que Oriol Junqueras, actual timonel del independentismo de izquierdas, pueda volver a gozar de una poltrona pública sin tener que cumplir su condena a quince años de inhabilitación por violentar la Constitución hace un lustro.
Rufián —diplomado en Relaciones Laborales por la Pompeu Fabra y rebautizado como penalista por Núñez Feijoo— aunque no guste, se aproxima más a la verdad que el PSOE, que se pasó dos semanas desmintiendo a sus socios de Podemos, los primeros en pedir la reducción de la pena que aún mantiene fuera de la primera línea de la vida pública a quienes intentaron dinamitar la convivencia en Cataluña de forma unilateral.
Ahora, una vez más, Pedro Sánchez se ha visto obligado a ceder ante uno de sus teóricos aliados, por mucho que las encuestas demuestren que sus votantes no están de acuerdo con el trágala permanente del independentismo. «Nosotros no presentaremos la enmienda, pero estamos dispuestos a estudiarla si otros partidos la introducen», admitió el presidente del Gobierno en los pasillos del Congreso en el día de homenaje a la Carta Magna, ese conjunto de normas que consagra la igualdad de derechos y deberes entre todos los españoles. Salvo que seas independentista, claro, que entonces se ve que tienes más derechos y menos deberes.
Así, el cuatrienio del primer Gobierno de coalición de la democracia avanza hacia un Código Penal de autor, donde los delitos no se sancionan con un criterio de justicia, si no en función de la conveniencia política. Y no se puede tocar la puesta en libertad de agresores sexuales para no molestar al socio morado, pero sí el dispendio de dinero público en atentar contra la Constitución. Porque esa malversación en beneficio de los independentistas sí que es buena y positiva para la convivencia de los catalanes... independentistas, claro. Luego, cuando de esa norma se beneficien los de la Gürtel, los de los ERE, los de la policía patriótica o los que se forraron con la pandemia, vendrán los lloros. Nadie los había avisado antes. Igual cuela.