«Ningún país civilizado puede modificar su Código Penal con el único propósito de beneficiar a quienes ya han sido condenados»
20 may 2023 . Actualizado a las 13:09 h.La urgente y atropellada actividad que vive la política estos días, por la prisa que tuvo el Gobierno ayer para eliminar el delito de sedición y rebajar el de malversación, constituye un ataque insólito a la solidez de la democracia española. No solo por la injustificable premura legislativa y el desprecio a toda posibilidad de debate y consenso, sino, sobre todo, porque ningún país civilizado puede modificar su Código Penal con el único propósito de beneficiar a quienes ya han sido condenados, por muy influyentes que sean. Tal concepción no es propia de las democracias, sino de las satrapías.
En un sistema basado en la igualdad legal de todos los ciudadanos nadie puede imponerse a la ley. Ni subvertirla primero —como sucedió en Cataluña con el referendo ilegal— ni cambiarla después para que la sanción penal no le perjudique. Y eso es exactamente lo que está sucediendo, por la influencia decisiva que tiene sobre el Gobierno uno de los dos partidos que promovieron la secesión.
Nada hay más legítimo en la práctica parlamentaria que buscar apoyos y formar mayorías para sustentar al Ejecutivo. Eso no se le puede reprochar a Sánchez ni a ningún gobernante. Ni tampoco es reprobable intentar rebajar la tensión separatista. Pero en todo hay límites. Y el presidente del Gobierno, por su empeño en resistir a toda costa y asegurar la continuidad, traspasa dos: uno, dejarse depender de quienes rechazan frontalmente su idea de España e incluso su proyecto político; otro, no poner ninguna línea roja a las exigencias de quienes quieren aprovecharse de su debilidad.
Las artimañas de los expertos en comunicación política quieren hacer creer que la retirada del delito de sedición es un avance para homologarse con Europa, y que la reforma de la malversación mejora con respecto a lo que había, porque penaliza más el enriquecimiento ilícito. Pero, en realidad, ambas medidas solo obedecen a un pago de votos para sacar adelante los Presupuestos y evitar que se trunque la legislatura. Lo han reconocido y propagado quienes los prestan. E incluso, como se ha visto ayer, exigen el cumplimiento taxativo del plazo: hacer los cambios antes de que acabe el año.
Suprimir el delito de sedición tiene como consecuencia dejar desprotegida a España ante desafíos como el ya vivido, cuando precisamente sus mentores ya están ufanándose con que su próxima exigencia será un referendo de autodeterminación. Y el cambio en las penas por malversación tiene como finalidad suavizar las condenas por haber destinado dinero público a la ilegal tentativa de independencia de Cataluña, con el argumento de que no había ánimo de lucro. Así, los inhabilitados podrán presentarse pronto a las elecciones, alguno volver tranquilo de su autoexilio y los que están todavía procesados beneficiarse del nuevo marco legal. Como dice el dicho popular, hecha la ley, hecha la trampa. La justicia puesta a su particular medida. Justo lo que una democracia no tolera.