En este tiempo donde tantas transgresiones para los entendimientos políticos se han realizado aquí en España, destacando el escandaloso bloqueo del poder judicial en beneficio de una minoría parlamentaria de derechas, conviene la reflexión para saber de dónde venimos y a dónde vamos con nuestra historia y memoria.
Además del bloqueo, durante cuatro años, del poder judicial a instancias del PP de Casado, de Ayuso y de Feijoo, se sufre ahora, al amparo de los mismos, la intervención del Tribunal Constitucional —pendiente de renovación— sobre el Parlamento. Restarle importancia, por más que tal pretendan quienes lo urdieron, nos llevará a errores semejantes a los cometidos en la idealizada y mal analizada Transición. Creando con ello un mito de luces y sombras, donde anidan los desaguisados institucionales a los que nos vimos sometidos desde finales de los noventa, incluidos los tres bloqueos del PP del poder judicial, ahora y los de 1995 (ocho meses) y 2008 (dos años), y las actuaciones sostenidas para deslegitimar al Gobierno de Zapatero a raíz de los atentados yihadistas del 11 de marzo del 2004. También las corrupciones.
Nuestro proceso constituyente se impulsó con duras y amplias movilizaciones sociales que bloquearon la cautelosa reforma de Fraga en el primer gobierno de la monarquía e impulsaron a un Suárez más aperturista que cambió el rumbo. Para ello se ayudaron, hurtando a la historia y quizás a la memoria, con la quema o destrucción de innumerables documentos de la memoria democrática. Según Óscar Alzaga en sus memorias, a instancias del poder de los azules. Eliminación de documentos que al parecer facilitó que las élites de la dictadura se transformaran en «reformistas de centro». De toda la vida.
Vistas las mañas reiteradas con el poder judicial y su bloqueo y con el Tribunal Constitucional, habrá que coincidir con Alzaga que, por ignorancia, generosidad o temor, quizás aceptamos —acríticos— a demasiado demócrata sobrevenido.
En Chile, cuya dictadura no logró destruir el Estado, lo hipotecó con la Constitución de 1980. La Concertación, agrupación de partidos desde la democracia cristiana a la izquierda, necesitó esfuerzos ímprobos para reconducir el pinochetismo agachado, incluido cambios en la Constitución en el 2005. Aun así, la sublevación ciudadana del 2019 y los hechos consiguientes, incluida una asamblea constituyente ad hoc, llevó al estrepitoso fracaso de su propuesta constitucional, texto rechazado por el 62 % de los votantes, con voto obligatorio en Chile. Pero el aprendizaje de todos esos años, incluidos los hechos de la memoria del golpe de Estado de 1973 y sus tremendas secuelas, sintetizados en el programa del presidente Lagos No hay mañana sin ayer, han permitido ahora que catorce partidos políticos y tres movimientos, todos excepto la derecha extrema pinochetista, hayan acordado un sistema para elaborar un nuevo texto constitucional. ¿Ustedes se imaginan esto posible en España? Problemas de historia y de memoria.