El voto de la mayoría de los 200 fondos presentes en el capital de Ferrovial, así como los accionistas mayoritarios y también los minoritarios, cierra un capítulo que ha sentado graves precedentes sobre la forma de hacer de un Gobierno para sus grandes empresas. Al tiempo, abre nuevos frentes en la posición de España frente a la libertad de movimiento de capitales en la UE y el grado de atracción o expulsión que para los capitales nacionales y foráneos suscita la acción de una política económica de corte discrecional, condicionando las decisiones de instancias que se suponen independientes (que deberían serlo, o al menos, parecerlo) como la Agencia Tributaria o los servicios técnicos del Ministerio de Asuntos Económicos, por no hablar de los problemas con otros estados miembros.
El traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos llega en un mal momento para la maduración de los mercados de capitales en España que deben ocupar la posición que desde hace años va perdiendo poco a poco la banca en la financiación de las empresas, desde las pymes hasta las grandes. Aun con el sostenimiento artificial de la prima de riesgo en 100 puntos básicos, por obra y gracia del BCE con un consentimiento tácito de los países centro-norte europeos, la política económica añade varios puntos de prima de riesgo de mercado ante la eventualidad que, en casos como el de Ferrovial u otros que se pudieran presentar en el futuro, actúen de la manera en que lo han hecho en estas últimas semanas. Puede ser comprensible el enfado que un Gobierno pueda tener por la erosión que supone de su discurso, pero en ningún caso puede justificar un ataque ad hominem como el que se ha producido.
Dicho de otra forma: el esfuerzo por atraer capitales y fortalecer el mercado (incluso poniendo en esta clave a una parte sustancial de los PERTE de los fondos europeos) se neutraliza con el discurso del Gobierno, y la poca ambición a la hora de avanzar rápidamente en las reformas regulatorias para que otras empresas tengan que marcharse porque no pueden cotizar en EE.UU. de manera directa (listing) e incluso en otros mercados extracomunitarios.
España tiene en Bruselas una posición muy poco proactiva en lo que se refiere a la unión de mercado de capitales, una de las iniciativas básicas para conseguir un mercado financiero integrado, con libertad de movimiento real y permitiendo el acceso a otras alternativas financieras desde cualquier país. Mientras tanto, el mercado de capitales español hace todo lo posible por avanzar en fórmulas de conexión con otros mercados internacionales, pero con un escaso o nulo apoyo por parte de quienes tienen que hacer la regulación. Por eso Ferrovial tiene que marcharse.
Si hubiera voluntad de buscar las conexiones y los trámites necesarios para provocar estas conexiones, se habría pasado de las musas al teatro. Aquello que parece factible sobre el papel, si no se ponen los medios para ejecutarlo en términos prácticos, no dejarán de ser palabras bienintencionadas. Este es en el fondo el criterio expuesto por BME y CNMV. Hay que volver a recuperar la iniciativa política-regulatoria que existió en el pasado a raíz del MoU firmado en 2012 para rescatar las cajas de ahorros. De ahí surgió el gran impulso a los mercados alternativos tanto de renta variable como de renta fija, así como a la búsqueda de conexiones con los mercados internacionales para dar más profundidad y liquidez al mercado español. Igual que sucede con otros ámbitos, esta será otra de las tareas que tendrá que abordar el próximo Gobierno y, por la parte que le toca, el próximo Colegio de Comisarios posterior a las elecciones del 2024.