Una vecina de Portonovo denuncia 23 veces a su expareja por incumplir la orden de alejamiento que pesa sobre él y acosarla a diario, y lo único que recibe como respuesta es que «siga denunciando». La amenaza de muerte y le hace pintadas en su casa, aparte de otras muchas perrerías.
Cuando se impone una orden de alejamiento por un juzgado, aparte de obligar al presunto agresor a no acercarse a determinados metros de la maltratada, se prohíbe al condenado ponerse en contacto con su víctima (teléfono, correos electrónicos, wasaps, etcétera).
La falta de medios de las autoridades competentes para acabar con esta lacra es tal que casos como este en modo alguno son excepción. Son pocos los policías, encargados de mirar por todas estas mujeres que conviven con el terror de ser agredidas por aquellos con los que compartieron sus vidas y convertidos en sus particulares monstruos. ¿Soluciones? Dotar a los diversos cuerpos policiales de recursos.
¿De dónde sacar este dinero que parece escasear para algo tan importante? Se me ocurren varias dotaciones presupuestarias menos necesarias, pero por actualidad destacaré la astracanada de los pinganillos de traducción de las lenguas cooficiales al castellano en nuestro Congreso de los Diputados. Como ejemplo para empezar a recortar gastos innecesarios.