Desde los años 80, en las carreteras de Texas proliferan señales con el lema «Adopta una carretera», iniciativa ciudadana para colaborar en el mantenimiento de las vías públicas. En el Reino Unido acabamos de ver la cancelación del tren de alta velocidad de Birmingham a Manchester (HS-2) por motivos presupuestarios, una vez que las estimaciones de costes se habían triplicado y se valorase el coste de oportunidad frente a otros programas de infraestructuras en el norte. En esta era de turbulencias, que sobreviene a la de «certezas excesivas», en palabras del profesor Antón Costas, en tiempos de limitado crecimiento y de presión creciente sobre las finanzas públicas resulta esencial para los gobiernos asegurar la eficiencia del gasto público. En un reciente informe de la OCDE se constata cómo en la media de los países miembros el 20 % de la población con mayores ingresos recibe el mismo porcentaje de transferencias públicas que el 20 % más desfavorecido.
En el 2021 fueron galardonados con el premio Nobel de Economía Card, Angrist e Imbens. Estos dos últimos, por sus estudios sobre relaciones causales en ciencias sociales. En esta línea de trabajo, el Consello de Contas acaba de publicar un informe en torno a la eficiencia de la colaboración público-privada en la ejecución de cinco autovías que son competencia de la Xunta. Modelo basado en encomendar la construcción, financiación y explotación a un operador privado, que asume el riesgo a cambio de un canon financiado no por los usuarios de las autovías, sino por todos los contribuyentes, que «adoptan» en la práctica a los usuarios, y que oscila de los 1,43 euros a los 5,71 euros por trayecto completo en aquellas que dependen del número de vehículos que circulen a los 8,46 euros en las vinculadas al mantenimiento de la obra —AG-55, autovía Costa da Morte—.
Más allá de valorar el contexto de la decisión, resulta esencial evaluar el ejercicio de las competencias autonómicas en el control de la ejecución y de transferencia del riesgo al operador privado. La opinión mayoritaria del Consello plantea cómo los reequilibrios de estos contratos en el 2014 supusieron que los riesgos de caída del tráfico y de ingresos fueran asumidos por los presupuestos autonómicos, y no por el operador privado como estaba previsto, con unos incrementos de tarifa que oscilan del 38 % —Salnés— al 72,81 % —Celanova—; y que el escenario de una resolución anticipada de los contratos hubiese sido la alternativa más eficiente. Análisis contrafactuales (escenarios hipotéticos) en el horizonte del control de los recursos públicos, en este caso de 1.643 millones de euros.
Más vale pensar lento y actuar rápido cuando se trata de que un operador privado «adopte» una inversión pública, especialmente si se decide cambiar las reglas del juego a mitad de la partida.