Tras varias semanas de incertidumbre ha llegado el acuerdo entre el PSOE y Junts, curioso documento fraguado fuera de España por exigencias de un presunto delincuente fugado. Primera cosa inaudita. Un prófugo marca las líneas de la alta política española como si estuviéramos en un Estado fallido.
El acuerdo tiene seis puntos. Dos de ellos son razonables y coherentes con la finalidad de un acuerdo de ese tipo (apoyar la investidura de Pedro Sánchez y dar estabilidad a la legislatura). Otro, en principio, parece que es de cara a la galería: una metodología de la negociación para dar certidumbre, pero con un verificador (lo que también es inaudito porque humilla a España).
Y los tres puntos restantes los vemos inadmisibles. Primero, una ley de amnistía, que subvertirá el principio de igualdad y exclusividad jurisdiccional, para la cual se alude a la categoría de lawfare. Esta categoría supone reconocer que el sistema judicial se ha usado con fines partidistas y que la política manipula la Justicia para abrir procesos (otra cosa inaudita). También se prevé la ampliación de la actuación internacional de Cataluña, algo que seguramente será contrario a la competencia exclusiva del Estado en relaciones internacionales (art. 149.1.3.ª de la Constitución). Y, por último, se prevé negociar dos ulteriores acuerdos: uno sobre las cuestiones de financiación para crear una cláusula de excepción en Cataluña, lo que resulta inaudito por discriminar al resto de territorios; y otro sobre «un referendo de autodeterminación», lo que va a ser una bomba atómica política al contravenir la unidad de España (art. 2 de la Constitución), algo más que inaudito. ¿Cómo el PSOE se pliega a negociar la ruptura de la unidad del Estado? ¿Ha dejado de ser un partido institucional para situarse en la órbita de los antisistema y radicales? Ante tamaño desafío constitucional, lo que procedería ahora es que hubiera elecciones generales, que es precisamente lo que no quieren los dos partidos de este acuerdo por si el cuerpo electoral les pasa factura. Un día negro para la incierta historia que se abre a partir de ahora, que deteriora la legitimidad de un hipotético futuro Gobierno, degrada nuestro marco de convivencia y precipita a la ciudadanía a intensificar su derecho a la libre manifestación, que en todo caso debe ser pacífica.
En definitiva, el pacto entre el PSOE y Junts es muy mal acuerdo para el interés general, que blindará privilegios para un partido minoritario, algo inaceptable en la democracia del siglo XXI. Postrera cosa inaudita.