Nos jugamos el futuro de nuestro país. De una Cataluña dentro de España. Pero también de una España fuera de Cataluña. Y como solución es cierto que tenemos la política. Pero quien salió de la legalidad debe volver a ella. Esta es la tesis. A partir de aquí ya no habría razones para no hablar de nada, que es la antítesis. Y como síntesis se debería llegar a un consenso. Es decir, después de hablar de todo, llegar a un acuerdo con renuncias recíprocas dentro del marco legal. Porque la política también está sujeta al imperio de la ley. Aunque tenga el loable objetivo de superar una España con el alma rota. Ruptura que siempre soslayó el pactismo histórico, impreso en el ADN de nuestro país. Y quien lo rechace lo hace o bien por el ego nacionalista de uno u otro signo que siempre nos condujo a una España de vencedores y vencidos, o bien por supina ignorancia de cómo fue nuestro pasado común. Y una y otra cosa están pasando con Cataluña. La derecha española ama tanto a España que la quiere solo para sí. Mientras la izquierda para gobernar compra hasta un relato falso. Nada más lejos del pactismo con el que siempre encontramos la savia necesaria para regenerar todas las heridas. No solo las de unos u otros. Porque pactar no pasa por que Puigdemont exija el felpudo de bienvenido a la república independiente de mi casa y Sánchez se lo pague con lo que es de todos. Solo porque juntos suman. Otra vez el «vencer sin convencer» y la falta de «razón y derecho» de Unamuno, que nos devuelve su sincero «me duele España». Muy al contrario, Urkullu hace tiempo que entendió el pactismo como solución secular a nuestros problemas territoriales. Porque solo las renuncias recíprocas pueden garantizar la convivencia de todos los pueblos que nos conforman. Como muy bien subrayó en el 2014, la cuestión no es la independencia, sino la comodidad de estar que proporciona la cota de autonomía para poder ser. Para mí, el ejemplo paradigmático siempre fue Navarra. Con quien todos nos dimos un abrazo en Vergara que dio lugar a su ley pacionada que «amejorada» se convirtió, un siglo más tarde, en su actual Estatuto de Autonomía. Porque en el pactismo no cabe chantaje ni amenaza. Los vascos lo saben bien, porque nada entorpeció sus legítimas aspiraciones a más techo de autonomía que el terrorismo de ETA. La clave está en pactar. Jamás en imponer. Y menos un relato total y absolutamente falso en una situación de necesidad surgida exclusivamente de la conveniencia de gobernar de quien con el mismo ímpetu de su no es no a la derecha en la investidura de Rajoy ansía hoy el sí de otra derecha supremacista que nos desprecia al resto como charnegos. Nada más lejos de la socialdemocracia. Un sí que no nace ni del propio convencimiento —porque entonces iría en el programa electoral del PSOE figuraría de manera clara y directa en la consulta que se le hizo a la militancia sobre los acuerdos de gobierno— ni de la restauración de una convivencia que semejante abrazo del oso disfrazado de pactismo quiebra todavía más. Y, como si todo esto fuera poco, saliéndose también del marco legal en una parte de su contenido. Pero este ya es un tema jurídico. Que no político.