Recuerdo, siendo niño, un divertido juego llamado Tozudo en el que tenías que ensillar y montar equipaje sobre un burro de plástico sabiendo que acabaría coceando, sin saber exactamente cuándo. Cada vez que mandaba una coz, haciendo saltar las piezas por los aires, la carcajada estaba asegurada. Me acuerdo mucho de mi querido Tozudo cada vez que abre periódicos la actitud de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG. Nada la frena en su batalla contra las renovables, contra el Tribunal Supremo y hasta contra la literalidad de las normas.
El martes nos deleitaron con una nota de prensa sobre el decreto de suspensión cautelar de 13 parques eólicos, sobre los que dicen que, en la práctica, no se acredita «el interés general que para el sistema eléctrico tenga la ejecución y funcionamiento del parque eólico analizado en cada caso concreto». Esto no solo implica obviar la aplicación de la ley autonómica de medidas fiscales y administrativas 10/2023, lo cual es de por sí grave en el máximo tribunal autonómico, sino que va en contra de la reciente reforma de la Directiva de fomento de las energías renovables, que desde noviembre del 2023 dedica un artículo específico a establecer el «interés público superior» de la autorización y construcción de plantas de energía renovable «hasta que se logre la neutralidad climática». Fue este nuevo artículo de la directiva europea el motivo del precepto autonómico al que hace caso omiso el TSXG.
Al día siguiente, solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronuncie sobre el derecho de los interesados a acceder a los informes sectoriales por un plazo de al menos 30 días. Las leyes estatal y autonómica, según la ya célebre sección del TSXG, hacen una transposición defectuosa de la Directiva sobre evaluación ambiental de la que solo ellos se han dado cuenta. El propio Tribunal Supremo revocó esta interpretación en diciembre del 2023, pero esto tampoco es argumento suficiente del TSXG.
Pareciera que esta sección del TSXG se hubiera arrogado la tarea de evitar el desarrollo económico en Galicia, enfrentándose hasta a la literalidad de las normas y poniendo en duda uno de nuestros principales atractivos frente a otras regiones del mundo: la seguridad jurídica. Esperemos que la sensatez acabe imperando. Y que cuando cese la posición del TSXG, no sea demasiado tarde para subirnos al tren de la transformación industrial asociada a la transición ecológica.