«Salgan ahora de sus casas y observen a quienes los rodean», recomendaba Maquiavelo a los diez magistrados que tenían que decidir la estrategia militar de la República de Florencia. Frente al sesgo habitual a creernos únicos e irreproducibles, en ocasiones —muchas— conviene attendre, que dicen los franceses: pararse a pensar, atender y esperar con cierta paciencia. En un momento como el actual, en el que se plantea una redefinición del papel de la inversión pública, centrada no solo en corregir fallos del mercado sino en crear mercados (Mariana Mazzucato), construyendo las bases para un futuro sostenible, sólido e integrador, siempre surge el debate en torno a su financiación suficiente y equitativa, especialmente en entornos de reparto del poder entre jurisdicciones. Pocas veces, en torno a la eficiencia del gasto realizado con dicha financiación.
Dos ejemplos: Escocia e Italia. En Escocia se están viendo las costuras del «contrato social escocés» desde el punto de vista financiero, con las mayores subidas salariales en el sector médico del Reino Unido o la educación universitaria gratuita, que no se reconcilian con la dependencia de las transferencias de Westminster y las limitaciones recaudatorias de su política fiscal, con una población más envejecida y menor tasa de actividad. El debate sobre la «ilusión fiscal», la percepción sesgada de los costes y beneficios de la acción pública, sigue presente años después de las dos Scotland Act del 2012 y el 2016. En Italia está en tramitación una propuesta de ley del Gobierno de la primera ministra Meloni de planteamiento de un régimen de autonomía diferenciada a las regiones con estatuto ordinario, todas salvo cinco, bajo el impulso de las regiones del Norte —Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña—. De este modo, estas regiones podrán acceder a gestionar competencias tales como educación, sanidad, energía, puertos y aeropuertos, pero también otras como comercio exterior o relaciones con la Unión Europea, fomentando la bilateralidad con el Estado. No solo podrán preservar el gasto histórico, sino retener la recaudación fiscal sobrante basada en su «superior rendimiento institucional», que ya no se repartirá sobre una base nacional con lo que supondría de posible cuestionamiento de los principios de solidaridad Norte-Sur. Y todo ello difiriendo a un estado posterior la determinación de los niveles básicos de prestación de servicios esenciales en todo el país: los livelli essenziali di prestazioni, que afectarían no a todas las competencias transferidas.
En resumen, conviene attendre a lo que sucede fuera de nuestras fronteras y asumir la importancia de elementos que suelen permanecer por debajo del nivel del agua en las conversaciones públicas. Financiación, pero también la importancia de ser capaces de definir las necesidades de gasto, en base a evaluaciones de costes reales y no meras sumas incrementales, y la obsesión por su eficiencia, también desde el punto de vista de su sostenibilidad económica, social y ambiental. Quizá la idea de los fondos NextGenerationUE pueda marcar un camino. La importancia de la evaluación de hitos y objetivos y de la coherencia entre lo que pedimos fuera y lo que hacemos dentro, pensando en la financiación local.