La ciudadanía compostelana asiste perpleja a la guerra desatada en el PSOE local, un conflicto sin visible marcha atrás a día de hoy. Todo apunta a un final con sangre en ambos bandos y con un claro derrotado: el propio partido. Las siglas socialistas pueden llegar a desaparecer del Concello si van adelante los expedientes de expulsión de los concejales por no acatar la disciplina de voto que intentó imponer la ejecutiva y estos optan por formar con sus actas el grupo de no adscritos.
Esta crisis es trascendente en términos históricos, pues el PSOE está en el Pazo de Raxoi desde las primeras elecciones democráticas y gobernó la ciudad 31 de estos 45 años; y lo es más aún en clave de futuro, ya que puede allanar el camino del gobierno del BNG (6 ediles de 25) y Compostela Aberta (2) o facilitar al PP (11) el empujón que le falta para lograr la mayoría absoluta en el 2027.
La ruptura de la disciplina de partido en la votación de la ordenanza de las viviendas turísticas, aprobada con el apoyo de los 6 concejales socialistas, fue la explosión del conflicto iniciado en el mismo momento en el que el anterior alcalde y secretario general del PSOE local, Xosé S. Bugallo, tras el sorpasso del BNG hace 13 meses, se fue al retiro del Senado. Aitor Bouza, candidato sin escaño en las pasadas municipales y tampoco en O Hórreo en las autonómicas, asumió un débil liderazgo al frente de la ejecutiva santiaguesa con pleno apoyo de la provincial. Su intento de desplazar el epicentro tradicional del poder del PSOE del Concello a la dirección local derivó en imposiciones frente a la resistencia de los ediles y en fallida presión a algunos de ellos para que entregasen sus actas y corriese la lista para hacer hueco a afines y hacérselo a sí mismo.
Bouza negoció y firmó en diciembre en el Concello, ninguneando al grupo municipal, el pacto que permitió al bipartito BNG-CA sacar adelante el presupuesto de este año, y la posterior falta de diálogo de la alcaldesa enfadó al socialista, que intentó mandarle una advertencia a través de la abstención del grupo municipal en la ordenanza de las viviendas turísticas (que con el «no» del PP iba a tumbar la iniciativa del gobierno). Los ediles habían sido advertidos por escrito de que la indisciplina podría suponer su expulsión del partido, pero estos apelaron a la coherencia con la línea seguida en este asunto y a su propia dignidad. La ruptura estaba consumada y los concejales, antes divididos entre el sector izquierdista de Mercedes Rosón y los bugallistas con el portavoz Gonzalo Muíños al frente, son ahora una piña contra Aitor Bouza. A Muíños puede caerle otro expediente si no acata ya la orden de tramitar el relevo de dos asesores del grupo para dar entrada a dos afines a Bouza. Y ya ha sugerido que no lo hará. La guerra sigue.