Pasados once años desde aquella víspera del Día de Galicia que se preparaba, alegre y feliz, para vivir los Fuegos del Apóstol en el Obradoiro y de repente se tornó en inabarcable tragedia, Elena Fernández Currás ha dictado una sentencia valiente. Con seguridad, tendrán que pasar varios años más, de recursos, diligencias y nuevas sentencias, hasta que quede definitivamente cerrado el capítulo judicial del accidente del Alvia 04155, y durante este largo proceso seguirá debatiéndose desde todos los resquicios legales hasta dónde llegan las responsabilidades de lo que nunca debió haber ocurrido porque se tenía que haber evitado. Sin embargo, la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago ha argumentado jurídicamente lo que desde el principio del caso parecía una cuestión de la lógica más demoledora: que la vida de las personas en un medio de transporte no puede quedar al albur de la frágil condición humana, al tratarse de una infraestructura de alta velocidad que requiere extremar la seguridad. La condición humana es la del maquinista Francisco José Garzón —el eslabón más débil de la cadena de responsabilidad— por cuanto es una negligencia al mando de un tren a 176 kilómetros por hora la que desencadenó el descarrilamiento en la curva A Grandeira. Los lamentos de Garzón desde el primer momento, sus desconsoladas peticiones de perdón a los familiares de las víctimas, sus lágrimas en la vista oral, son la manifestación humana del sentimiento de culpa por una tragedia de cuyo peso el maquinista no se librará mientras viva.
La sentencia es valiente porque derriba el muro que la Administración ha intentado construir, para blindarse frente a sus propias responsabilidades, en torno al que era director de Seguridad en la Circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, obligado a minimizar los riesgos en una línea que, sin embargo, carecía del sistema de protección automático que defendiese a los viajeros del despiste del maquinista. La jueza ha desarmado la estrategia de la Fiscalía, que inesperadamente retiró la acusación contra este cargo público —el único que se ha sentado en el banquillo del Alvia— al presentar sus calificaciones definitivas, lo que desató la indignación de las víctimas. Estas abrazan ahora una sentencia que, a falta de otras posibles responsabilidades más elevadas que no se juzgaron, satisface su objetivo de condenar al ADIF. Para que otro Angrois no se repita.