Parece curioso que, justamente, en las regiones donde existe ya un cupo «a la catalana» (País Vasco y Navarra), hay un cierto rechazo a su aplicación en Cataluña. Quizá porque, al poner en el centro de la conversación pública esta singularidad, ha permitido ampliar la luz del foco que ilumina el modelo foral. Y cuanto más se ve, más se demuestra lo injusto y mal calculados que están el cupo vasco y la aportación navarra.
Expliquemos el funcionamiento del modelo de la manera más sencilla posible. En primer lugar, el Estado ha entregado las llaves de la caja a las diputaciones forales, es decir, no recauda nada en estos territorios. Sin embargo, existen ciertos servicios que todavía les sigue prestando, por ejemplo, la defensa. Estas son las cargas no asumidas que las regiones forales deben pagar al Gobierno central.
Hasta ahí lo fácil. Lo complejo, que se disfraza de técnico y a la vez ayuda a hacer la trampa, reside en los ajustes necesarios para que País Vasco y Navarra no paguen de más por algunos gastos y para calcular realmente lo que se recauda en su territorio. En primer lugar, la evidencia muestra que el cálculo de lo que realmente cuestan las cargas no asumidas se encuentra infravalorado.
Por ejemplo, tomemos el caso de las pensiones contributivas. El Estado está transfiriendo alrededor de unos 27.000 millones de euros al año para financiar este tipo de pensiones. Sin embargo, ni el País Vasco ni Navarra contribuyen a este gasto. De hecho, ambas regiones cuentan con un elevado déficit en el componente contributivo de la Seguridad Social. Si pagasen la parte que les corresponde deberían duplicar su contribución actual.
Por otro lado tenemos el IVA. Y quizá esta es una de las cuestiones que más nos debería preocupar, de aplicarse este modelo en Cataluña. El IVA se ajusta para reflejar la cantidad de impuestos que ingresan los territorios en base al consumo, que no tiene por qué coincidir con la capacidad de recaudación, que se estima en base a la producción y, por lo tanto, a lo que ingresan las empresas. Es decir, si una empresa del País Vasco vende una unidad de su producto en Galicia, el IVA generado se ingresa en una de las tres diputaciones vascas, pero debería tener como destino final la hacienda gallega, que es donde ocurre el consumo final.
Si el consumo en las regiones forales es mayor que su producción, deben recibir una compensación del Estado; si es menor, deberían aportar más a la caja común. El problema radica es que, en ambos casos, el coeficiente de consumo está inflado. Esto significa que se asume que sus ciudadanos consumen más de lo que realmente lo hacen. Sucede algo parecido con los impuestos especiales.
En definitiva, con el sistema de cupo vasco y aportación navarra son el resto de las regiones las que salen perdiendo. Estamos hablando de 7,4 % del PIB. Se pueden hacer una idea de lo que sucedería con la generalización del sistema hacia la región que representa el 20 % del PIB.