Al juez Manuel Marchena (Las Palmas, 1959) no le hacen falta los siete votos para seguir en el Tribunal Supremo. La limitación de mandatos hace que apenas le quede un mes en el cargo después de demostrar su profesionalidad, su conocimiento jurídico y su capacidad de transaccionar con otros magistrados durante una década. Por eso, con las manos libres de quien no espera nada de los que mandan, sigue demostrando su coherencia con autos que solo pueden evidenciar ignorancia o mala fe interesada de quienes los cuestionan.
A Marchena, como a García-Castellón, lo vituperan desde la izquierda y la extrema izquierda por hacer aquello que juró cumplir: respetar la ley. Y, por eso, aguanta en silencio los reproches de presuntos juristas como Óscar Puente —licenciado en Derecho, sí—, que le reprochan que sus autos recojan escrupulosamente el ordenamiento jurídico español. O como Óscar López, viejo fontanero socialista que vivió un retiro dorado en Paradores a cuenta de los impuestos de todos, que da por hecho que Conde-Pumpido, fiscal general del Estado con Zapatero y ahora presidente del Constitucional, pasará el rodillo progresista para borrar de la hoja de penales de los separatistas Junqueras, Puigdemont y amigos.
«El Gobierno no comparte la resolución», repitieron ayer, uno tras otros, todos los ministros y portavoces autorizados de Moncloa olvidando que el mismísimo Pedro Sánchez prometió traer detenido para ser juzgado a Carles Puigdemont. O que el propio Sánchez y todos sus ministros, desde Bolaños a María Jesús Montero, pasando por Juan Carlos Campo o Carmen Calvo, negaron la constitucionalidad de la amnistía, como se puede comprobar en los diarios de sesiones del Congreso y el Senado. Negaron esa constitucionalidad, como también las cesiones en el Código Penal para suprimir delitos como la sedición o rebajar la malversación. Todo lo que sea necesario para seguir en la Moncloa aunque cada semana toque un calvario de derrotas ante los independentistas.
Marchena escribe lo que una mayoría pensamos. Que si Sánchez no necesitara el apoyo de Puigdemont, seguiría jurando que la amnistía es inconstitucional. Pero toca cambiar de opinión y defender lo indefendible para mantener el poder. Y si hay que criticar a los jueces, se les critica. O se les ataca. Como con la ley del solo sí es sí. Por eso, Marchena se irá dando un ejemplo de dignidad. Y los golpistas seguirán siendo golpistas. Aunque se intente reescribir la historia.