El Gobierno entabló un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del litoral de Galicia, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional mientras no se decidía el recurso. El TC ya había establecido que las comunidades costeras son competentes para la ordenación de su territorio y también de su litoral, incluyendo la ribera del mar y sus zonas de protección e influencia. También señaló que el territorio de una comunidad autónoma es un elemento definidor de sus competencias, considerando parte del territorio autonómico los puertos y la zona marítimo-terrestre, pero no el mar territorial, sin perjuicio de que en este se pudieran ejercer competencias autonómicas, tales como salvamento marítimo, acuicultura, marisqueo, etcétera. Finalmente, declaró inconstitucional la modificación de la ley de costas que pretendía limitar la competencia autonómica al ámbito terrestre de demanio marítimo, sin comprender el mar territorial y las aguas interiores.
Tras este aval del TC a la ley gallega del litoral, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anunció que la Xunta solicitará de forma inmediata el traspaso de los medios materiales y personales al Estado para poder empezar a otorgar las concesiones y ejercer así esta competencia. A pesar de todo lo expuesto, Galicia estableció la regulación de la comisión del litoral sin haber recibido la cesión de competencias. El decreto de 2 de septiembre de este año estableció la regulación de las funciones, la composición y el régimen de funcionamiento de la Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Ordenación del Litoral.
En la reciente reunión entre Alfonso Rueda y Pedro Sánchez, aunque se abordaron numerosos temas, el único resultado positivo fue que el Gobierno central activará de inmediato el mecanismo para transferir a Galicia las competencias en gestión del litoral.
Finalmente, diremos que si Pedro Sánchez no cumple con su compromiso habrá que entablar un recurso ante el Gobierno central para que active los medios materiales y personales necesarios para aplicar la ley, que consideramos que deberá ser estimado.