La pregunta es del todo pertinente: ¿es posible gobernar sin la capacidad para dictar la política fiscal de un país? Los impuestos tienen un doble propósito: obtener los recursos suficientes para financiar las políticas de gasto y, al mismo tiempo, indicar cómo se reparte la carga de este gasto entre los diferentes agentes económicos.
En los últimos meses se puede comprobar que al Gobierno le resulta cada vez más difícil sacar adelante medidas de carácter presupuestario. Tres ejemplos ilustran este escenario. Primero, hemos vivido todo este año con un Presupuesto General del Estado (PGE) prorrogado, lo que refleja la debilidad y la subordinación al tacticismo político gubernamental. Segundo, este PGE, aprobado en el Senado el 20 de diciembre de 2022, seguirá vigente en buena parte del año 2025. Tercero, la famosa reforma fiscal comprometida con Bruselas para desbloquear el quinto desembolso de los fondos Next Generation se saldó con una Comisión del Congreso secuestrada para lograr los apoyos necesarios y con una parte del paquete rechazada por la oposición.
Recientemente, la fragilidad parlamentaria del Gobierno se ha evidenciado nuevamente. El Partido Popular (PP) y Junts han acordado suspender el impuesto del 7% sobre la producción eléctrica mediante una enmienda transaccional. El Gobierno se opone a esta derogación, argumentando que reduciría la recaudación en aproximadamente 1.500 millones de euros. Como consecuencia, PSOE y Sumar han pospuesto la reunión de la Comisión de Transición Ecológica que debía abordar esta enmienda.
La Ley de Cambio Climático, en su disposición final segunda, destina los ingresos de este tributo a financiar los costes del sistema eléctrico, lo que constituye una excepción a la Ley General Presupuestaria, que establece que los ingresos públicos deben cubrir el conjunto de los gastos públicos.
Este impuesto contribuye a financiar el déficit tarifario, es decir, la diferencia entre los precios regulados de la factura eléctrica y el coste real de transportar, distribuir y subvencionar ciertas energías. En el 2023, el sistema registró un superávit de 3.298,6 millones de euros, y en la última década solo ha habido déficit en dos ejercicios. Por lo tanto, no parece estar justificado mantener este tributo. De hecho, la enmienda del PP propone reducir el tipo impositivo al 0 % siempre que se mantenga el superávit.
Contestando a la pregunta inicial con la que se abría esta columna, la respuesta es claramente negativa. El Gobierno se ha acostumbrado a juegos y procedimientos legislativos muy heterodoxos a la par que reprochables, especialmente en materia de fiscalidad.
Esta forma de legislar recuerda al genio de la lámpara de Aladdín. Pedro Sánchez concede deseos con el fin de sobrevivir un minuto más, pero, al igual que el genio, está atrapado por las demandas de sus socios parlamentarios. Y en el panorama político todos buscan obtener concesiones sin estar dispuestos a ceder en nada.