La vivienda es uno de los temas que más inquietan a los españoles. Además de las multitudinarias manifestaciones del 13 de octubre en Madrid, el barómetro del CIS revela que para el 22,7 % de la población constituye uno de los problemas más graves. Solo la inmigración y la crisis económica superan a la vivienda en nivel de preocupación.
Ante este desafío, la clase política no ha mostrado gran innovación en políticas públicas. Lo que llama la atención es que muchas propuestas se centran en la regulación del mercado. Por ejemplo, Podemos, a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado, ha pedido al Gobierno una reducción de los alquileres en un 40 %. Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso ha señalado tres soluciones a la crisis: «Intervención del mercado, intervención del mercado e intervención del mercado».
Curiosamente, muchos de estos mismos partidos suelen denunciar el negacionismo científico y enfatizar la importancia de escuchar a los expertos. Sin embargo, en cuanto al control de alquileres, la ciencia económica es clara. En una famosa encuesta a destacados economistas, incluyendo a Daron Acemoglu, flamante premio Nobel, se les preguntó si los controles de precios tenían un efecto positivo en la cantidad y calidad de vivienda asequible. El 95 % expresó su desacuerdo con esta afirmación.
La evidencia muestra que el control de alquileres logra reducir el precio de las viviendas reguladas, pero genera efectos secundarios. Uno de los más notorios es que los alquileres más bajos tienden a incrementarse hasta el umbral máximo permitido, mientras que los precios en el mercado no regulado también suben debido a la mayor demanda. Además, el control de rentas desincentiva el mantenimiento de las propiedades, deteriorando la calidad de las viviendas disponibles. Se reduce la movilidad residencial, dificultando la llegada de nuevos residentes e inmigrantes, y favorece la segregación socioeconómica. La desigualdad se ve afectada, ya que el acceso a viviendas asequibles no siempre beneficia a los más necesitados. A largo plazo, el control de alquileres disminuye la oferta de nuevas viviendas y provoca desajustes en la asignación, donde las viviendas no se distribuyen según las necesidades de espacio o ubicación de los residentes, afectando a la eficiencia y equidad del mercado de vivienda.
En definitiva, el control de alquileres es una medida populista más: ofrece un alivio temporal atractivo, pero termina distorsionando el mercado y perjudicando a aquellos a quienes buscaba proteger.