La conmemoración extemporánea del 50 aniversario del fallecimiento de Franco ha traído a la sociedad española un nuevo motivo de disensión. El Gobierno ha decidido unilateralmente dedicar este año alrededor de un centenar de actos para traer al presente la denostada dictadura, y prácticamente nadie, ni a su derecha ni a su izquierda, se ha querido sumar a ellos. Es la primera prueba de que la decisión resulta, cuando menos, improcedente. Porque, al no estar amparada en el consenso social, se está convirtiendo en otro frente para el antagonismo en la vida pública.
La tesis del Ejecutivo consiste en que se deben celebrar los 50 años de libertad poniéndolos en contraposición con la negra etapa de la dictadura. Pero se ha quedado en un planteamiento partidista. La naturaleza de muchos actos anunciados —algunos tan inapropiados como un escape room— muestran que solo tienen como finalidad hacer visible la posición ideológica del Gobierno en lucha contra sus rivales políticos. Y el intento de involucrar al rey en un programa sin consenso indica que el proyecto no se maduró bien.
Ni siquiera se ha tenido en cuenta a las otras fuerzas políticas que fueron protagonistas de la Transición, desde los herederos de los centristas, que impulsaron la desaparición pacífica del viejo régimen, hasta los de las izquierdas de entonces, que abandonaron el ansia de venganza y apostaron por la reconciliación nacional.
Ese espíritu que floreció entonces es justamente lo que no se ve hoy. El plan que promueve el Gobierno se ha alejado de las posiciones compartidas y se parece más a un disfraz para incidir en la polarización de la sociedad, que es lo que están provocando en los últimos tiempos las grandes fuerzas políticas. Posiblemente, a derecha e izquierda se considere que la confrontación absoluta y sin matices es necesaria o imprescindible para la batalla electoral. Pero es nefasta para el país y se aparta abiertamente del deseo de convivencia de los españoles.
Naturalmente, es obligación del Estado, a través del sistema educativo, que las generaciones jóvenes conozcan qué supuso la peor etapa de la historia de España, en la que casi todos los derechos que hoy consideramos normales (como la libertad de expresión, la igualdad de la mujer o el divorcio) estaban prohibidos o eran delito. Pero más determinante para el futuro de la convivencia sería conseguir en las aulas que los estudiantes terminen su formación obligatoria con sobresaliente en Constitución. Porque no es el recuerdo de la dictadura, sino la prevalencia de los valores democráticos lo que debe ser parte esencial del acervo cultural de los españoles. Difícilmente se obtendrá con el plan propuesto. Pero cuando se logre fortalecer en la sociedad el sentido democrático, el antagonismo y la polarización tendrán menos adeptos. Y este Gobierno o cualquier otro fracasará intentando enfrentar a los ciudadanos.