«La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes» (Martin Luther King, 1929-1968).
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista se ha presentado una proposición de ley con el objeto de reformar la acción popular, que parece diseñada con el propósito de solucionar casos particulares, olvidando que la misión de toda ley es su generalidad.
La proposición de ley vacía de contenido real la institución de la acción popular, contraviniendo el sentir constitucional de su existencia. Es importante que la ciudadanía sea consciente de que los jueces penales solamente pueden juzgar si alguien formula una acusación. En los últimos años hemos tenido varios supuestos que demuestran que si no hubiera existido acusación popular no hubiese habido condena. El eventual uso espurio de la acción popular no puede legitimar a un Gobierno a hacer saltar por los aires un derecho constitucionalmente reconocido a favor del pueblo.
Decisiones legislativas como esta, que huyen de los informes técnicos y que parecen tomarse sin pensar en el mañana, generan espacios de impunidad que son una profunda injusticia y una amenaza al sistema democrático.
Legislar para hacer trajes a medida nunca ha sido una buena idea. Sobre todo cuando implica limitar derechos de la ciudadanía. Si además se aprovecha para materializar la profunda desconfianza que alguna clase política tiene hacia los jueces, limitando su libertad de expresión, pública y privada, esa inicial mala idea parece formar parte de un plan diseñado y consciente. El plan de deslegitimación del poder judicial.
Que algunos jueces no cumplan con su deber de neutralidad, ni tengan prudencia en sus declaraciones públicas, no puede servir para cercenar la libertad de expresión de la totalidad de la carrera judicial. No en vano, el sistema español ya cuenta con mecanismos establecidos para asegurar la imparcialidad, como la abstención y la recusación de jueces en los casos en los que pueda existir conflicto de intereses. Por ello, estas limitaciones ahondan en la idea de que lo que se pretende no es garantizar la imparcialidad de los jueces, sino que permanezcan silentes ante situaciones en las que la democracia, la separación de poderes o el Estado de derecho se ven amenazados.
Incitar a la desconfianza generalizada hacia el poder judicial por razones políticas o ideológicas no solo debilita su legitimidad, sino que también crea un ambiente de inseguridad social. La justicia debe mantenerse independiente de los intereses partidistas y ser vista como una institución seria y confiable.
La confianza en el poder judicial no es un lujo, sino un derecho fundamental que debe ser preservado por los propios jueces, pero también por todos los actores políticos y sociales. Una sociedad que confía en su justicia es una sociedad que avanza hacia una democracia más sólida y justa.