la vivienda, el paro y la precariedad en el empleo son los tres graves problemas que azotan a las generaciones jóvenes en nuestro país, y son, a su vez, exponente de la impotencia de los dos grandes partidos, PSOE y PP, para infundirles esperanza fundada en su futuro, porque ambas formaciones políticas han gobernado en España, para lo bueno y para lo malo, durante los últimos 43 años.
La política de vivienda en España se ha utilizado más como motor económico que para garantizar el derecho social a la vivienda, y así, con la burbuja inmobiliaria, azotó a la sociedad española en la gran recesión de los años 2008 al 2013.
El derecho social a la vivienda parece inspirar las recientes propuestas sobre vivienda, ya que persiguen el aumento de la oferta de vivienda y el abaratamiento de la compra y el alquiler. Las diferencias, importantes, estriban entre la fórmula de la intervención o la de los incentivos fiscales. La necesidad de ampliar de forma drástica el parque de viviendas públicas sobre todo para alquiler, y que yo comparto, es otra de las diferencias.
¿Existe la necesidad vital e ineludible de alcanzar un consenso básico sobre vivienda entre los dos grandes partidos, o lo que es lo mismo, entre las administraciones central, autonómica y local (ambos partidos son gobierno y oposición a la vez)? Sí, porque la política de vivienda es una competencia compartida.
¿Hay contenidos en las propuestas conocidas en los que se podría definir el perímetro básico para el consenso? Sí, con voluntad política
¿La primera ley de vivienda de la democracia, en vigor desde mayo del 2023, puede ser la matriz del consenso? El Gobierno cedió el protagonismo de la presentación, el 14 de abril del 2023, a ERC y Bildu, que manifestaron que lo que presentaban no tenía «nada que ver con lo que aprobó el Consejo de Ministros». Posteriormente y desde el Parlamento de Cataluña, la propia ERC entabló un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, por lo que, si ni siquiera cuenta con el apoyo de los que la aprobaron, no parece realista pedirle su cumplimiento a quienes, como el PP, no lo hicieron y la recurrieron ante el TC.
Esa ley contiene un tope para los alquileres que se ha implantado en Cataluña, y según el balance de los seis primeros meses, publicado en prensa, no ha conseguido topar el precio y se ha reducido la oferta de alquileres en más de un 20 %.
La construcción de viviendas es, en todo, caso una política de luces largas, que necesita perspectiva y estabilidad. Un par de datos lo ponen de manifiesto. Según los expertos, el número de hogares en España va a aumentar en los próximos 15 años en 4 millones, como consecuencia de las necesidades de emancipación de jóvenes, del aumento de la población por la inmigración y los cambios sociales ya asentados, que se traducen en un numero de disoluciones de matrimonio de 80.000 en el 2023, lo que permite cuantificar en torno a más de 250.000 viviendas las necesidades anuales. La demanda por lo tanto es brutal, pero la oferta no está en condiciones de responder a ese desafío, ya que se necesita habilitar una cantidad de suelo que, para traducirlo en viviendas, exige, según especialistas, en torno a 10 o 15 años. Pedro Sánchez, como iniciativa de calado, anunció que se transferirán casi dos millones de metros cuadrados de suelo para la prevista Empresa Pública de Vivienda. Expertos en viviendas estiman que entre 15.000 y 20.000 pisos se pueden construir, cifras muy alejadas de las necesidades reales.
Sin embargo, hay viviendas vacías, casi 4 millones en toda España, pero la gran mayoría no están donde se necesitan, sobre todo las grandes ciudades. Pero ¿por qué se necesitan allí y no en otras partes? La razón es muy sencilla, la mayor parte del empleo en España se genera en las grandes ciudades. Si se incentivara, aprovechando la doble transformación verde y digital, el empleo en otras zonas de España, obviamente habilitando suelo industrial, dando cobertura de internet y reforzando las infraestructuras, servicios y comunicaciones, se podría contribuir también en el medio plazo a amortiguar el grave problema de la vivienda.
En definitiva, la vivienda y el empleo son el binomio de frustración, para los jóvenes españoles. Estos retos no se resuelven con relatos ni con realidades alternativas, sino con creación de empleo más equilibrada en el territorio, suelo y ladrillos. Es imprescindible la cooperación entre las administraciones, está totalmente contraindicada la erección de muros, y de ello depende que los jóvenes tengan una perspectiva de aliento o de frustración.