Durante el siglo XIX, Estados Unidos vivió la era de los «barones ladrones» como Carnegie (acero), Vanderbilt (ferrocarriles) y Rockefeller (petróleo). Un pequeño grupo de empresarios lideraban sectores críticos de la economía y ejercían gran influencia sobre las decisiones políticas, moldeando la legislación para asegurarse beneficios fiscales y limitar que la regulación les perjudicase.
El siglo XXI: Musk, Trump y la política tecnológica.
A pesar de las diferencias de contexto, las dinámicas de poder y política parecen repetirse. Hoy, con el ascenso de figuras como Elon Musk en roles políticos bajo la Administración de Trump, vemos un fenómeno parecido. Musk, por ejemplo, lidera empresas en sectores estratégicos como la energía renovable, el transporte espacial y las telecomunicaciones. Sus primeras declaraciones apuntan a la eliminación de las agencias que constituyen contrapoderes del ejecutivo, como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.
Pero no solo hablamos de nombramientos, los líderes tecnológicos —conocidos críticos de Trump— han desfilado uno a uno por su mansión, comprometiéndose a financiar su ceremonia de toma de posesión cada uno con un millón de dólares (en Estados Unidos es un evento que se paga con donaciones).
Las Big Tech se juegan mucho en los próximos años, tienen por delante la mayor amenaza regulatoria de su historia, con investigaciones antimonopolio y legislaciones desfavorables a sus intereses (y favorables al público en general) que amenazan con trocear sus imperios y reducir su influencia. Por ejemplo, las autoridades de competencia pueden forzar la venta de WhatsApp e Instagram por parte de Meta.
Hay similitudes inquietantes y la lección del pasado es clara: cuando el poder económico domina las decisiones políticas puede conducir a un desequilibrio en el que los intereses de unos pocos prevalecen sobre el bien común. ¿Quiere esto decir que no pueden romperse las barreras entre lo público y lo privado para aprovechar el impacto positivo que una visión empresarial puede tener sobre un país?
Como soy gallega, no puedo sino contestar: depende. ¿De qué? De la ética.
Es común criticar a Europa por sobre regular (probablemente se ha pasado de frenada en algunos casos) ralentizando el avance tecnológico, pero es necesario construir estructuras que canalicen ese poder hacia el bien común. La ética y una gobernanza responsable son el camino:
Primero, necesitamos una regulación sólida que actúe como contrapeso al poder económico/tecnológico.
En segundo lugar, los empresarios tienen la responsabilidad de alinear sus ambiciones con principios éticos y compromisos sociales.
Por último, la educación y la participación ciudadana son clave.
Me apasiona la tecnología, pero para mí el desafío del siglo XXI no es solo avanzar tecnológicamente, sino hacerlo con valores. La ética no es una barrera para el progreso, es su brújula. El equilibrio entre innovación empresarial y bienestar colectivo no ocurre por accidente; es el resultado de decisiones conscientes, de políticas valientes y de una ciudadanía vigilante. El mundo necesita líderes audaces, pero también responsables. ¿Será este el caso o corremos el riesgo de repetir los errores del pasado? En unos meses lo sabremos.