Sánchez y Feijoo Promesas Inmobiliarias es la sociedad recientemente presentada por los dos principales líderes políticos del país, cuyo capital social está formado por promesas sociales de escaso valor y sin desembolsar totalmente. En unas semanas se pretende dar solución al grave problema de la escasez de vivienda en propiedad y alquiler, es decir, conseguir una solución similar a la de Viena (un casero con unas 230.000 viviendas en propiedad). Esto en España sería extremadamente difícil si tenemos en cuenta que a la capital de Austria le ha costado casi cien años conseguirlo, o que, por ejemplo, el Programa de Estabilidad 2023-2026 enviado por el Gobierno a Bruselas contempla un gasto anual en España en vivienda y servicios comunitarios de un 0,5 % hasta el 2026, casi la misma proporción que en los años 2021 y 2022.
Vamos por partes. La idea parece tener su principal objetivo en lograr la construcción de las 500.000 viviendas que, según el Banco de España, serán necesarias en los próximos años para solucionar el déficit de oferta. Se supone que para todas ellas habrá que redactar un proyecto técnico que sirva de base para solicitar la licencia municipal, es decir, que tienen que cumplir y someterse a las normas que los distintos planes generales de ordenación contemplan, además de las normas autonómicas de accesibilidad, barreras, habitabilidad, etcétera. Por lo tanto, las administraciones locales y las autonómicas, con sus competencias, jugarán un papel trascendental en este sentido. Por otra parte, a todas estas viviendas, una vez conseguida la licencia, finalizada su construcción y obtenida la licencia de primera ocupación, hay que darles servicios de agua y energía eléctrica, por lo que llegados a este extremo me surge alguna duda respecto de estos suministros. ¿Podrá el oligopolio eléctrico generar electricidad, esencialmente de origen renovable, para atender este incremento de la demanda, junto con el que se prevé y será necesario para el desarrollo de la inteligencia artificial, en un entorno de crisis y transición energética como en la que estamos inmersos?
Lo mismo podríamos preguntarnos respecto del incremento de la demanda de agua de boca en aquellas zonas históricamente deficitarias del recurso hídrico. Cabe señalar, a este respecto, el caso del Ayuntamiento de Santander, al que en su día los tribunales anularon su PGOM por no justificar y asegurar el suministro de agua potable para satisfacer la demanda potencial de las viviendas que se preveía construir al amparo de dicha norma.
La Constitución declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, es decir, lo que semeja que sí ha hecho Austria y lo que España no ha sido capaz de poner en práctica, sino más bien al contrario, a juzgar por la práctica habitual del legislador de PGOM en los últimos años, dejando fuera de ordenación multitud de viviendas con todos los servicios ejecutados en suelo urbano en muchas ciudades y pueblos. Por otra parte, la crisis hipotecaria ha supuesto la desaparición de casi el 50 % del sector financiero que representaban las cajas de ahorros, a día de hoy prácticamente inexistente, y cuyo rescate nos ha costado a todos unos 45.000 millones de euros. Me pregunto, finalmente, cómo y quién va a financiar ahora el enorme coste de la inversión para la ejecución y puesta a disposición de los ciudadanos de las viviendas necesarias y prometidas. Para este año 2025 se prevé que España tenga que acudir a los mercados a pedir más de 250.000 millones de euros para financiar el déficit y la enorme deuda pública, todo ello en el supuesto de contar con suelo con la calificación de urbano consolidado para acoger las construcciones de forma inmediata y cumplir las exigencias de sostenibilidad, para contribuir al gran reto que nos exige la lucha contra el cambio climático consensuada en París en diciembre del 2015.