Valor y precio. 18.000 euros el kilo de cocaína y bajando. Ese es el coste actual del oro blanco que invade la península ibérica. Desde hace 25 años y hasta la época de la pandemia, el kilogramo de esa ilícita sustancia oscilaba en torno a los 30.000 euros.
Galicia no es ajena a esta situación. Cantidades ingentes de cocaína invaden sus costas y puertos. Es verdad que nuestra comunidad autónoma siempre ha estado en un punto álgido como puerta de entrada en España, pero actualmente hay varias circunstancias que hacen que eso suceda.
Una vez que las grandes organizaciones gallegas han sido golpeadas una y otra vez por los distintos cuerpos policiales, por las fiscalías y por los distintos órganos judiciales, han empezado a aflorar nuevos actores en esta macabra historia. Se trata de las organizaciones foráneas, especialmente de las mafias albanesas, que no han dejado de crecer por todo el mundo.
¿Su forma de trabajo? Inundar el mercado con grandes cantidades de polvo blanco para, de esa manera, abaratarlo, hacerlo mucho más accesible a la sociedad y por ende a nuestros jóvenes. Desplazan a las organizaciones autóctonas y cuentan además con la posibilidad de que un porcentaje mínimo del botín sea incautado; pero les da igual, trabajan con grandes cantidades de droga que por inercia acaban entrando en suelo español.
Reflejo de todo esto son las operaciones llevadas a cabo durante este mes de enero del recién comenzado año 2025. Solamente en Galicia fueron incautados más de 1.000 kilogramos en un contenedor en el puerto de Vigo (Pontevedra), otros tantos kilos en una planeadora en Vilanova de Arousa (Pontevedra), estos días un narco submarino ya vacío da pie a calcular que habrían viajado en él más de 6.000 kilos de esa fatídica sustancia, y, como colofón, el registro de un barco portacontenedores en el puerto de Vigo, con resultado infructuoso. Todas esas operaciones, tiene un nexo común: «albaneses».
Podríamos preguntarnos cómo es posible que en un país, con menos de dos millones y medio de habitantes, se haya creado una infraestructura mundial del crimen organizado. Expliquémoslo: primero con la importación de heroína, posteriormente con las macroplantaciones de marihuana y después instalando sus bases en América Latina, especialmente en Brasil, desde donde dirigen actualmente gran parte del negocio de la cocaína mundial.
En España, a juicio de todos los especialistas que se dedican a la lucha contra el crimen organizado, habría que mejorar cosas básicas. No es posible que sigamos en pleno siglo XXI con una Ley de Enjuiciamiento Criminal del XIX. Una norma aprobada por real decreto el 14 de septiembre 1882 —aunque cierto que modificada— es la que rige las normas de juego del proceso penal. No hace falta incrementar las penas en el Código Penal, simplemente facilitar y no poner trabas a los investigadores, no permitir recursos sin fin a las defensas que hacen que la «fase de instrucción» sea eterna y provoque dilaciones indebidas; en definitiva, permitir adaptarse a todos aquellos colectivos de profesionales que luchan contra esta lacra, y observar y afrontar las nuevas realidades sociales y tecnológicas. Si no se hace así en poco tiempo, 18.000 euros será un precio muy caro…