La reciente propuesta del Gobierno español para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales. Pese a no contar con el respaldo de la patronal, el Ministerio de Trabajo busca su aprobación y todo apunta a que se aprobara vía urgente el martes de la próxima semana en el Consejo de Ministros. Aunque aún quedará la tramitación en el Congreso, por lo que su redacción definitiva no se espera hasta abril o mayo, incluyendo posibles medidas que faciliten su implementación en las empresas.
Esta iniciativa, prevista para antes de finales de 2025, promete beneficios sustanciales para los trabajadores, pero también plantea retos considerables para las empresas. Por un lado, la reducción de la jornada puede mejorar la calidad de vida de los empleados. Estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugieren que, en países con menos horas laborales, la productividad por hora trabajada es mayor. Un trabajador más descansado tiende a ser más eficiente, lo que podría traducirse en una mejora de la productividad general. Además, la reducción del absentismo es otro beneficio esperado, ya que los empleados más descansados tienden a faltar menos y a enfermarse con menor frecuencia.
Sin embargo, no se pueden ignorar los desafíos que esta medida impone a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, principales generadoras de empleo. Ajustar turnos laborales sin comprometer la producción o el servicio al cliente será un reto significativo. También preocupa el incremento de costes, pues podría ser necesario contratar más personal para cubrir las horas reducidas sin afectar los salarios actuales.
Sectores como la hostelería y el comercio, con alta intensidad de mano de obra, podrían enfrentarse a un aumento de costes laborales que amenace su viabilidad, especialmente en empresas con márgenes ajustados. Actualmente el salario mínimo por hora trabajada está en 8,87 euros, que ascendería a 9,75 euros en caso de reducción de jornada a 37,5 horas.
En conclusión, la reducción de la jornada laboral promete mejorar el bienestar de los trabajadores y podría aumentar la productividad. Pero es esencial que Gobierno y empresas trabajen juntos para mitigar los costes y garantizar que esta transición beneficie a todos. La clave será encontrar un equilibrio para avanzar hacia un modelo laboral más sostenible, equitativo y productivo