Rendirse al okupa por amor en Waterloo
OPINIÓN
Entre el ruido político de la última semana por el fallido decreto ómnibus, sin darnos cuenta, ha subido a última hora un pasajero, procedente de Cataluña. O de Waterloo. Y a la ilusión de una primera impresión, como en tantos enamoramientos, sucede la decepción.
La esperada prórroga hasta diciembre de las medidas antidesahucios que se introdujeron en el 2020, viene con una nueva medida, una línea de avales «por cuenta del Estado para la cobertura en caso de impago en el alquiler de vivienda». Bonito título para una medida que promete mucho más de lo que da.
A la posibilidad de solicitar una compensación por el período en que se suspende el desahucio, se suma ahora la posibilidad de recurrir a un aval del Estado en favor de inquilinos menores de 35 años y familias vulnerables para cubrir todas las rentas impagadas, gastos y hasta daños. Y lo primero que nos dice es que viene para «facilitar el acceso al mercado del alquiler y mitigar las dificultades económicas derivadas del acceso a la vivienda».
Pero para deslumbrar es necesario algo más. Cuando nos quitamos el maquillaje y nos vemos a plena luz, aparecen los defectos. Limitar la medida a los nuevos contratos, primer error. Estamos ante un problema acuciante y actual. Pensar solo en menores de 35 y en familias que cumplan ya en el momento de la firma la condición de vulnerables, segundo error. Tener que esperar a cobrar a que la vivienda quede vacía, ridículo. Y fijar un plazo de seis meses para un reglamento, sentencia de muerte.
La problemática va mucho más allá de los 35 años. Y nadie está libre de pasar de una situación estable a una de vulnerabilidad. La situación económica, si bien en cifras macro puede servir para lucirse en cumbres internacionales, es muy mejorable. Pasar de poder pagar la renta y hasta irnos de vacaciones a no poder pagar la compra, es harto fácil.
El problema de la vivienda exige mucho más. Es un inicio, pero requiere más esfuerzo. O más presión de Junts. La situación es compleja y no se debe solo a los fondos buitres ni a la falta de generosidad de propietarios que buscan enriquecerse. Basta pensar en los emigrantes gallegos que han trabajado durante años lejos para dar un futuro mejor a su familia o asegurarse un ingreso extra en su jubilación, destinando el fruto de su sacrificio a una vivienda que alquilar. Y cuántos ahora no cobran la renta durante meses o años.
Ni todo es Madrid, pecado diario de quienes no ven más allá de la Carrera de San Jerónimo, ni todos son buitres. Corresponde al Estado promover las políticas necesarias para poder acceder a una vivienda digna. Para eso soportamos una carga impositiva nada desdeñable.
La canción de la vivienda tendrá que mejorar o tocará rendirse porque esta guerra sí estará perdida y no por amor como cantaba Abba.