Un año más el Gobierno ha acordado, solo con los sindicatos, una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 50 euros, un 4,4 % hasta 1.184 euros al mes en catorce pagas. Con esta subida, que beneficiará a más de dos millones de trabajadores, el SMI ha crecido un 61 % desde el año 2018, cuando estaba en 736 euros.
En el 2024 tampoco hubo acuerdo con los empresarios, pero este año además tampoco acordaron con estos la reducción de la jornada laboral, que significará otro aumento de costes del 6,5 % para las empresas (si finalmente Junts y el PNV la votan).
El elemento diferenciador con respecto a las anteriores subidas es que el Gobierno, por primera vez, exigirá que los perceptores del nuevo SMI tributen por IRPF al mantener el mínimo exento a la cifra del SMI del año 2024, algo que afectará al 20 % de los perceptores.
Tradicionalmente, Hacienda ajustaba el mínimo exento del IRPF al SMI, evitando que los beneficiarios de este tuvieran que tributar, medida que también beneficiaba a contribuyentes con rentas ligeramente superiores. Los trabajadores y empresarios también pagarán más por las cotizaciones a la Seguridad Social, algo que ya sucedía con las anteriores subidas.
De esta manera, el Estado recaudará unos 600 millones más en impuestos y los trabajadores (si son solteros y sin hijos) solo percibirán 28 de esos 50 euros de subida.
La pregunta del millón es si es de justicia que las personas que perciben el SMI estén exentas del IRPF y la respuesta parece que sí, ya que esta renta viene a ser una especie de mínimo vital para afrontar una vida digna, para muchos cada vez más difícil ante el aumento disparatado de bienes tan básicos como la vivienda. No parecen por tanto de recibo los argumentos de la ministra de Hacienda, que habla de pedagogía fiscal para todos los ciudadanos y de que como hay tanta gente cobrándolo no se puede omitir un número tan grande de contribuyentes; son argumentarios que encubren una ansia recaudatoria ilimitada.
Y esta ansia recaudatoria en los impuestos sobre la renta ya viene de atrás. El Gobierno nunca ha deflactado las tarifas generales del IRPF (solo lo ha hecho hasta el año pasado en el entorno del SMI), de manera que las subidas salariales que hemos disfrutado en estos años de altísima inflación para compensar la pérdida de poder adquisitivo (casi siempre menores que la inflación) pasaban a un tramo superior, quedándose Hacienda con parte de nuestro dinero, perdiendo poder adquisitivo y disminuyendo nuestro salario real (como así ha sido, si observamos la evolución de los salarios reales en España).
Esta ansia recaudatoria, que también se extiende a las empresas, se materializa en un aumento constante de la recaudación fiscal: ha crecido un 30 % desde el 2018, hasta 551.000 millones de euros en el 2023. Desgraciadamente, este aumento en la recaudación no ha venido acompañado de una disminución de la deuda pública, todo lo contrario, ha sufrido un crecimiento similar a ese aumento de ingresos fiscales: hasta 1,6 billones de euros, el 105 % del PIB o más de 33.000 euros por habitante.
Por tanto, tenemos un círculo vicioso perfecto: mas impuestos, más gasto publico y más deuda, y lo peor de todo: más obsesión recaudatoria.