Los maestros de teología moral católica decían hace años, ahora no sé, que el contrabando sería un pecado menor —equivalente a la evasión de impuestos que implicara— si no lo agravaran las circunstancias que lo acompañaban siempre: estructuras delictivas de carácter violento connaturales a la actividad ilegal. Como, por ejemplo, resulta imposible reclamar legalmente las deudas, se recurre a métodos más expeditivos, a menudo muy crueles. Con el contrabando de personas, el problema adquiere tonos todavía más sangrientos. No solo genera a su alrededor mafias inmisericordes, salvajes, sino decenas de miles de muertos al año. Por eso parecen necesarias dos actitudes simultáneas: facilitar la emigración legal, que tanto conviene a los que llegan como a los países que la recibimos, y evitar que la tolerancia con quienes usan medios ilegales se convierta en una manera de animarlos a saltarse la ley y, por tanto, a someterse a una cadena de extorsiones que terminan a menudo en la muerte.
Ocurre en España. Diez mil quinientas personas murieron en el año 2024 buscando nuestras costas. El 93 por ciento de ellos en la ruta de Canarias que, como apuntan varios informes, se ha convertido hace años en la ruta de emigración más letal del mundo y en crecimiento: 9.757 personas, 28 diarias, perdieron la vida en el intento de alcanzar las islas. Un 62,4 por ciento más que en el año anterior, según la ONG Caminando Fronteras.
Algunos pretenden que tratamos muy bien a los que llegan. Faltaría más. El problema radica en que, muy a propósito —según Starmer, el primer ministro británico—, no hacemos lo que hay que hacer para que eviten esa vía. Quizá nos importa poco que terminen en el mar.