Energía sin estrategia: la urgencia política al margen del cambio estructural necesario
OPINIÓN
Facilitar una vía administrativa alternativa para parques eólicos de Galicia cuya tramitación está paralizada puede parecer una noticia alentadora para los inversores que buscan materializar proyectos en la región. Sin embargo, sin abordar los problemas estructurales que afectan tanto al mercado como al sistema eléctrico, no se garantizará un suministro estable ni se conseguirán precios competitivos de la electricidad que atraigan nuevos proyectos industriales.
La Xunta de Galicia ha anunciado un procedimiento alternativo para reactivar la aprobación de parques eólicos paralizados por resoluciones judiciales o trabas burocráticas. Si bien la apuesta por las renovables es necesaria para avanzar en la transición energética, edificar un «plan B» basado exclusivamente en medidas reactivas o en atajos administrativos no parece la estrategia más prudente. Es imprescindible que cualquier acción de agilización normativa vaya acompañada de una visión estratégica que garantice certidumbre y eficiencia en la planificación.
España ha atravesado en los últimos años un auténtico carrusel energético: desde precios del mercado mayorista que han oscilado entre valores negativos y picos desorbitados, hasta un marco regulador errático y procesos administrativos que han entorpecido la materialización de inversiones. En este escenario de volatilidad, la evolución de la demanda tampoco ha jugado a favor: la estructura económica e industrial del país no ha permitido consolidar un consumo suficiente para absorber toda la capacidad renovable instalada. Galicia, a pesar de su formidable potencial eólico, no ha sido ajena a esta problemática.
Si bien es positivo eliminar trabas a la tramitación de infraestructuras de generación renovable, resulta igualmente crucial desbloquear el acceso de empresas e industrias a la red eléctrica. Actualmente, el 49 % de las solicitudes de conexión industrial son rechazadas por insuficiencia de capacidad, lo que se traduce en la pérdida de oportunidades de inversión por un valor estimado de 60.000 millones de euros. Ante este panorama, urge desplegar nuevas infraestructuras eléctricas y diseñar una planificación más efectiva de las líneas y nudos de evacuación en la red de transporte, permitiendo así el suministro eléctrico a grandes consumidores y la eliminación de los cuellos de botella que limitan la viabilidad real de nuevos desarrollos de generación.
Además, la intermitencia inherente a la producción eólica y solar exige la implementación de una generación de respaldo que garantice un suministro firme y predecible. Para ello, es imprescindible mantener en operación la generación nuclear existente, así como potenciar las tecnologías de almacenamiento energético y la gestión flexible de la demanda.
La decisión de la Xunta, no siendo la más acertada desde un punto de vista técnico y jurídico, responde más a una medida política de urgencia que a una estrategia bien estructurada. Las cuestiones fundamentales del sector energético no pueden abordarse con medidas aisladas de ámbito autonómico, sino que requieren una planificación coordinada a nivel nacional que garantice coherencia y estabilidad a largo plazo. Para que esta sea efectiva, es imprescindible diseñar un modelo sólido que asegure un suministro fiable, precios competitivos y un marco regulatorio predecible. Sin estos pilares, cualquier avance será superficial y temporal, sin resolver los problemas estructurales que frenan el verdadero despliegue de la transición energética.