¿Por qué España no quiere invertir en defensa?
OPINIÓN
No es sencillo defender en nuestro país la necesidad de invertir en defensa. De hecho, cuesta encontrar en la opinión pública, y en la totalidad del espectro político, personas o colectivos que no hablen del gasto militar como un elemento opuesto al Estado del bienestar y, en todo caso, de un elemento que, de por sí, no tiene una repercusión directa y positiva en la sociedad.
Pero, ¿por qué Polonia o Estonia sí que destinan más del 4 % y del 3 % respectivamente de su PIB a defensa y España no? La respuesta estriba, fundamentalmente, en la percepción de seguridad que tiene la ciudadanía. Tal y como afirmaba hace unos días el oficial del Ejército del Aire en la reserva, Ángel Gómez de Ágreda, «si no hay intereses que defender, cualquier ejército es caro». Es decir, dichos países componen la frontera oriental de la OTAN, y tienen como vecino incómodo a Putin, por lo que su ciudadanía comprende que sus economías no se pueden desarrollar sin una garantía de seguridad que les permita disuadir y defender.
Sin embargo, la sociedad española sigue creyendo que invertir en defensa no es, precisamente, invertir, sino —mal— gastar. Como afirma el catedrático de Derecho Constitucional de la USC, José Julio Fernández, la clave es que la percepción de la inseguridad no es la correcta, al haber una divergencia entre la seguridad real, la percibida, la demandada y la seguridad que ofrece el poder público con base en estas variables. Ello nos lleva a pensar que destinar recursos a este ámbito implica, única y necesariamente, dedicar una menor parte del presupuesto a la educación, a la sanidad o a la política de vivienda.
Las explicaciones que lo justifican son diversas. En lo que respecta a nuestra historia, España permaneció aislada en relación a los debates estratégicos que tuvieron lugar durante la guerra fría; la intervención en Irak y la propia adhesión a la OTAN polarizaron a la sociedad española; y nuestro pasado incluye una —aún reciente— dictadura militar, por lo que todo lo relacionado con la defensa deviene impopular. Desde el punto de vista de la actualidad sociopolítica, ningún partido se ha preocupado de hacer pedagogía y de insistir en que la inversión en este ámbito tiene el potencial de ser eficiente en términos económicos y de promover el desarrollo humano. Y, por último, el silencio de nuestras Fuerzas Armadas, que defienden nuestra bandera y nuestros valores sin el reconocimiento justo de una sociedad y de una clase política que los desatiende y menosprecia, y asumen las carencias en relación a unos medios materiales, en ocasiones, envejecidos y desactualizados desde el punto de vista tecnológico.
Sea como fuere, aunque las pretensiones del actual Ejecutivo fuesen otras, nos encontramos con dos problemas. El primero de ellos, tal y como ha afirmado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el objetivo del 2 % fijado hace una década —y que aún no hemos alcanzado ni prevemos alcanzar hasta finales de 2029—, no será suficiente para hacer frente a los retos del mañana. Y, en segundo término, la difícil composición del Congreso de los Diputados, ya que ningún socio del Gobierno se manifiesta a favor del aumento en el ámbito de la defensa e, incluso, existen partidos que solicitan lo contrario, como el otrora poderoso Podemos, que registró hace unos meses una proposición de ley para reducir un 15 % el gasto militar.
Por eso, con un Gobierno sin Presupuestos Generales, y con una sociedad que tiene una noción de seguridad alejada de la realidad, cualquier alegato en favor de la inversión en defensa, en nuestra seguridad, y por tanto en el mantenimiento de nuestros valores y en el reconocimiento de nuestras tropas, es inocuo.