Asesinato en un centro de menores
OPINIÓN
El reciente asesinato de una educadora en un centro de menores de Badajoz no es un hecho aislado, sino que refleja la inquietud que padecen los profesionales del ámbito de la atención a menores, especialmente en los centros con medidas judiciales.
Como educador, y posteriormente desde mi posición de pedagogo en la Xunta, he trabajado para transformar esta preocupación en acciones concretas, por medio de protocolos que regulen el trabajo de los educadores; medidas físicas y organizativas que permitan contener las conductas agresivas o inadecuadas de los menores o actuaciones que agilicen el trabajo y reduzcan la ansiedad del personal.
A pesar de estos esfuerzos, es inevitable que surjan problemas que no puedan anticiparse o resolverse desde fuera. Sin embargo, es inaceptable que una educadora amenazada por un menor se encuentre en una situación de vulnerabilidad, sin el apoyo de otro educador, sobre todo en un centro de medidas judiciales en medio abierto, donde este refuerzo adicional debe de ser una medida estándar.
En un centro de medidas judiciales en medio semiabierto, los menores ingresan con una medida judicial de carácter restrictivo sobre su vida ordinaria que debe de ser desarrollada bajo una estricta supervisión del personal del centro. En él, los menores podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas dentro de sus programas individualizados de ejecución de la medida. Y, como dispone la Ley 5/2000, «la realización de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el juez de menores suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro».
Actualmente, la red de centros en España es insuficiente para atender la creciente demanda, no solo de menores en situación de desamparo o con medidas judiciales, sino también de los que tienen problemas de salud mental o de conducta. Una situación que viene derivada de años de baja inversión y de falta de actualización de sus equipamientos.
La complejidad de las problemáticas que presentan los menores ha aumentado enormemente, lo que requiere una atención más especializada y personalizada, algo que es imposible atender con equipos profesionales en condiciones laborales precarias y con ratios por encima de lo recomendable. Todo esto hace necesario: una mejor coordinación entre servicios sociales, sector educativo, sanitario y de inclusión social; la evolución hacia centros que ofrezcan un ambiente similar al familiar y más individualizado; el reforzamiento de los recursos disponibles y la ampliación de la formación de los trabajadores para abordar la diversidad de necesidades de los menores, y un aumento de la inversión en las instalaciones y en las ratios de personal.
Todo esto evitaría en buena medida un asesinato cometido con alevosía y en soledad. Por ello es imprescindible que las autoridades asuman sus responsabilidades y trabajen para garantizar que el sistema no falle en su misión principal: salvaguardar tanto a los menores como a quienes trabajan por su bienestar.