Titulaciones de ingeniería: una clarificación necesaria
OPINIÓN
Estos días de aniversario, en el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia estamos manteniendo diversos debates y reflexiones sobre un asunto que incide en la situación de las profesiones relacionadas con la ingeniería.
La palabra ingeniero parece haberse convertido en un cajón de sastre donde cabe casi de todo. En el curso 2022-2023, solo en Galicia, existían 38 titulaciones de grado y 21 de máster con el término ingeniero en su denominación. Sin embargo, detrás de esta proliferación de títulos se esconde una realidad preocupante: no todos estos ingenieros pueden ejercer libremente, y la confusión entre titulaciones y atribuciones profesionales no hace más que empeorar la situación.
Según el Observatorio de la Ingeniería de España (OIE), en los próximos diez años se necesitarán al menos 200.000 nuevos ingenieros para satisfacer las demandas del mercado laboral. El crecimiento del sector ha sido notable: en el 2024, el empleo de ingenieros creció un 13,7 % interanual, superando los 400.000 profesionales. Pero aquí surge el dilema: ¿qué tipos de ingenieros necesita realmente el mercado y qué pueden y qué no pueden hacer, en función de la titulación de que dispongan?
De las 21 titulaciones de máster con la palabra ingeniero en Galicia, solo 7 otorgan atribuciones profesionales. Es decir, solo los egresados de estas carreras pueden firmar proyectos y ejercer como ingenieros regulados. Estos incluyen los tradicionales ingenieros Industriales, de Caminos, de Telecomunicaciones, Agrónomos, Navales, de Minas y de Montes.
Entonces, ¿qué pasa con los demás? ¿Cuál es la situación en la que se encuentran? Es evidente que no pueden realizar trabajos que la ley no les permite.
Un graduado en ingeniería de la energía, por ejemplo, no puede firmar un proyecto eléctrico. Y aunque pueda parecer injusto, tiene todo el sentido: las profesiones reguladas existen precisamente para asegurar la calidad y la seguridad en sectores críticos. Al final, no se trata de menospreciar la formación de unos frente a otros, sino de clarificar quién puede hacer qué.
Hoy en día, las empresas, en su afán por encontrar talento, comienzan a reclutar graduados incluso antes de que terminen sus estudios, lo que, teniendo aspectos positivos, puede suponer un problema. Solo el 20 % de los graduados se anima a continuar con un máster. Y, entre ellos, pocos optan por los másteres habilitantes, como el de Ingeniería Industrial, que permiten ejercer profesiones reguladas. Así, el mercado se llena de ingenieros con formación técnica, pero sin atribuciones para firmar proyectos. La pregunta es: ¿conocen realmente las empresas las competencias y atribuciones profesionales de las personas que contratan?
Mientras España se enfrenta a la necesidad urgente de más ingenieros, la industria ha perdido peso en el PIB, pasando del 19 % al 14,7 % en dos décadas. Por el contrario, en Alemania la industria representa el 29 % del PIB.
La necesidad de abordar en nuestro país procesos de reindustrialización —competitivos e innovadores, respetuosos con el medio ambiente y sostenibles— parece ineludible. Así lo entiende la Unión Europea para el conjunto de su territorio, al establecer como objetivo para el futuro próximo el que el sector industrial represente el 20 % de su PIB. Por nuestra parte, existen objetivos similares a nivel autonómico y estatal.
Pero la falta de claridad sobre las competencias y atribuciones profesionales de los ingenieros no solo puede crear frustración en los jóvenes egresados, sino que amenaza con agravar la crisis industrial que se pretende resolver, además de suponer una pérdida de oportunidades.
Para colmo, las vocaciones STEM (acrónimo formado con las iniciales de las palabras que, en inglés, se refieren a las titulaciones relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas) siguen estancadas. Solo el 29 % de los estudiantes de grado en carreras técnicas son mujeres, y en los másteres apenas llegan al 30,7%.
Urge una solución. Y para alcanzarla, la puesta en marcha de diversas iniciativas. Primero, una mayor transparencia en las titulaciones universitarias y sus atribuciones profesionales. Segundo, una estrategia clara para fomentar vocaciones STEM, especialmente entre las mujeres. Y tercero, una actuación (tal vez una reforma educativa) que permita clarificar la situación y resolver la confusión que genera la proliferación de títulos con la palabra ingeniero.
Porque mientras no se tenga claro quién puede hacer qué, seguiremos perdiendo oportunidades. No se trata de tener más ingenieros, sino de saber para qué los queremos. Y, sobre todo, de conseguir que los estudiantes que eligen las carreras técnicas sean conocedores del alcance de cada una de ellas y de lo que podrán o no podrán realizar cuando ejerzan la profesión.