Los menores de Canarias no llenan nuestros centros, ya lo estaban
OPINIÓN
Recientemente, la conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia planteó una serie de afirmaciones que requieren un examen riguroso, pues, si bien es cierto que el sistema de protección de menores de Galicia está saturado —con un 104 % de ocupación—, esto no se debe tanto a la recepción de menores no acompañados como a una política que no ha adecuado estos servicios a las necesidades de su población, ni en su número de plazas ni en sus características.
Según la conselleira, en la actualidad solo 90 de los 832 menores que están ingresados en los centros gallegos son migrantes, un 10,8 % de su población. El agotamiento de las plazas se debe, como decimos, a que durante años el PP gallego ha mantenido la política de gestión de centros basada en derivarla casi en su totalidad a las entidades religiosas y oenegés, sin llegar a ofrecer equipamientos públicos alternativos, lo que ha dado como consecuencia una falta de recursos para poder atender picos demográficos como los actuales, forzando al traslado de menores tutelados por Galicia a otras comunidades.
El traslado de menores a otras regiones no es un fenómeno reciente en Galicia. Datos del 2023 muestran que se derivaron el 37 % de sus menores con comportamientos agresivos o mentales a Madrid y Castilla y León, comunidades que, por su parte, rechazan en la actualidad acoger a los migrantes. Esto hace ver el doble rasero de las comunidades españolas: se externalizan responsabilidades propias a la vez que se niega la solidaridad interautonómica. Este traslado contradice múltiples normativas, como la Ley 26/2015, que garantiza al menor la atención en su entorno próximo, o el reglamento UE 604/2013 de prohibición de traslados que impidan su integración. Además, la externalización de menores a otras comunidades supone un mayor gasto/plaza. Un sobrecoste que podría ser utilizado para crear nuevos centros en Galicia, incrementando así el número de plazas necesarias y adecuadas.
La conselleira critica que el nuevo plan estatal excluya injustamente a Cataluña y al País Vasco. Con esta afirmación está omitiendo tres datos cruciales, ya que entre ambas comunidades tienen acogidos al 41 % de los menores migrantes del Estado y, aun así, el País Vasco mantiene una tasa de ocupación del 89 % de sus centros —muy inferior a la gallega—, mientras que, por su parte, desde el 2020, Cataluña ya ha triplicado su presupuesto para la protección de la infancia. Todo ello desmonta su relato victimista y demuestra que el rechazo del PP se basa más en cálculos electoralistas que en criterios técnicos.
Así pues, la crisis gallega no es resultado de factores externos, sino de decisiones políticas deliberadas e inadecuadas: desinversión en lo público, externalización a entidades privadas y priorización de agendas partidistas sobre derechos humanos. El caso gallego confirma que cuando se antepone la ideología a los hechos, los primeros en sufrir las consecuencias son los más vulnerables.