Salario mínimo, tributación y empobrecimiento
OPINIÓN
Desde el 2018, el Gobierno ha elevado extraordinariamente el salario mínimo interprofesional (SMI), un 61 %, hasta 1.184 euros al mes en 14 pagas, mucho más que la inflación en ese período, del 20 %. En el 2025 también: la subida ha sido de 50 euros o 700 euros al año, un 4,4 % en términos relativos, superior a la inflación (2,8 %). El SMI lo cobran unos 2,5 millones de personas.
Este año la subida es diferente a las anteriores: por primera vez el SMI tributará en el impuesto sobre la renta. La subida del SMI no vendrá acompañada por una subida idéntica del mínimo exento hasta ese nuevo SMI, como sucedía hasta ahora. Ahora, el mínimo exento se mantendrá en el SMI del año anterior, tributando por primera vez los 700 euros de subida.
La no tributación en la renta del SMI tenía y tiene toda la lógica del mundo. El Gobierno, con buen criterio, eximía de pagar el impuesto a esas rentas con el argumento que era el «mínimo indispensable» para una vida digna. Si era de sentido común no imponer hasta ahora una carga tributaria a esos mínimos, lo sería más si cabe este año, ante las subidas tan brutales en bienes básicos como la vivienda.
Pero todo esto llega a su fin en el 2025. El mínimo exento permanecerá constante en el SMI del 2024, 15.876 euros, no actualizándose hasta los 16.576 euros brutos actuales del nuevo SMI, lo que significa que los 700 euros anuales de aumento pagarán por el IRPF. Esta medida afectará a las personas solteras, sin hijos ni deducciones adicionales, alrededor de medio millón de trabajadores. Lo que les tocará pagar depende de la región por el tramo autonómico, pero, según los cálculos de los asesores fiscales del Consejo General de Economistas, rondará los 300 euros.
¿Y qué le sucede a la subida si tenemos en cuenta la inflación del año 2024 y el aumento de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social (un porcentaje fijo del salario)? Con la comentada inflación del 2024 del 2,8 %, solo para conservar el poder adquisitivo del año anterior, el SMI del 2025 debería haber aumentado en 444 euros. Como la subida ha sido de 700, los trabajadores han visto aumentar su poder adquisitivo en 256 euros.
Consideremos ahora las cotizaciones sociales del trabajador, ligeramente superiores al 6 %, que aplicado a los 700 euros de subida significan 45 euros. La subida real ya se queda en 211 euros anuales (256-45). En cuanto a los trabajadores que les tocará tributar por no aumentar el Gobierno el mínimo exento (como hemos visto, en torno a 300 euros), nos encontramos que para esos trabajadores solteros y sin hijos la subida de 700 euros es en realidad una bajada en poder adquisitivo de 89 euros: 256 por la inflación del 2024, 45 por el aumento de las cotizaciones sociales en el 2025 y 300 por no aumentar el mínimo exento (esta última, solo para algunos trabajadores).
Si usted es una persona soltera y sin hijos y cobra el SMI, el Estado se quedará con 789 euros de su subida de 700 euros, vía inflación, cotizaciones sociales y aumento de IRPF.
Y esta voracidad recaudatoria tiene su explicación. El Estado necesita el dinero porque cada vez gasta más, arrastra una enorme deuda pública desde la crisis del covid y el acuerdo de cesión fiscal a Cataluña implicará la búsqueda de nuevas fuentes de recaudación.
Desde el 2018 el gasto público del Estado ha aumentado un 38 % hasta los 694.300 millones de euros en el 2024. La buena marcha de la economía y aumento generalizado de la presión fiscal han llevado a crecimientos también importantes de los ingresos fiscales, que se sitúan en 648.000 millones. Pero no es suficiente ni para reducir el déficit o la deuda a los niveles exigidos por Europa, ni tampoco para el escenario futuro catalán, o para enfrentarse a otros desafíos que ya están aquí, como la defensa. Desgraciadamente, esta dinámica nos está llevando a un empobrecimiento generalizado de las clases medias, que no comparten por ningún lado esos buenos datos macroeconómicos.