La subida del salario mínimo interprofesional, como explicaba muy bien ayer Carlos Sánchez-Tembleque, hubiera significado un aumento real de apenas 45 euros anuales para unos y, para los solteros sin otras deducciones, una pérdida de poder adquisitivo que rondaba los 700. Pero llegaron a un acuerdo las dos partes del Gobierno para que el SMI no tribute este año. Así que, menos mal. Si se le aplica el impuesto de la renta al salario mínimo, solo el Estado sale ganando con la subida. Los perceptores habituales apenas mejorarían, o empeorarían notablemente. Pero, además, quedarían dañadas muchas contrataciones, especialmente las ya casi imposibles en el ámbito doméstico de clase media. Cuántas familias se verían incapaces de pagar una ayuda que cada vez necesitan más y que tampoco arreglan, por ejemplo, las prestaciones para la dependencia: aunque proceden de nuestros impuestos, están sujetas al IRPF y terminan en aportaciones ridículas. Una persona me comentaba que esa ayuda, que tanto tiempo y papeleo le había costado conseguir, se le había quedado en algo más de setenta euros al final del año después del impuesto.
No extraña, por eso, otra noticia económica de la semana: somos campeones europeos en economía sumergida. Es tan ridícula la situación que, por seguir con el ejemplo, hasta los mismos empleados domésticos piden con frecuencia que se les pague en negro, porque aunque cobren menos ganan más. A menudo, esa solución también es la única que permite a la clase media contratar tal auxilio. Así que, ahí seguimos, encabezando el frágil empleo submarino.
Gobernar no debería entenderse como exprimir. Se pueden ordenar mejor las cosas sin forzar a la gente a delinquir o desesperarse.