El apagón sufrido el día 28 de abril en la península ibérica, Andorra y parte del sur de Francia ha producido grandes pérdidas para nuestro país en varias vertientes. Las primeras —las más importantes—, algunas vidas, como efecto de la falta de fluido eléctrico y de fallos en los sistemas alternativos para generar energía imprescindible para alimentar sistemas de soporte vital. También se han generado pérdidas económicas ante la imposibilidad de la inmensa mayoría de los ciudadanos de desempeñar sus trabajos, que son el objeto de este artículo. Y, por último, hemos sido noticia en todo el mundo por el desastre ocurrido que ha salpicado a nuestros vecinos, que tendrá un impacto muy negativo en el prestigio de nuestro país y la llamada marca España, imposible de cuantificar en estos momentos pero que no será despreciable en absoluto.
El producto interior bruto español en la actualidad es del entorno de los 1,6 billones de euros anuales, unos 4.361 millones de euros diarios. Pero no todos los días del año son iguales; los fines de semana y los días de fiesta no se produce de manera tan intensiva, por lo que habría que corregir el PIB diario teniéndolos en cuenta, lo que nos daría unos 5.900 millones de euros de producto por cada día laborable. Evidentemente, no se dejó de producir el 100 %, pero sí tasas cercanas al 80 %, lo que nos dejaría con un lucro cesante o una pérdida del entorno de los 4.700 millones de euros. Lógicamente, tanto empresas como trabajadores harán un sobreesfuerzo en los días posteriores para recuperar el trabajo perdido el día del apagón, que podemos estimar en algo más del 50 %. Por lo que podemos establecer una cifra de pérdida económica directa del día laborable perdido de en torno a los 3.000 millones de euros. Un punto intermedio entre las cifras ofrecidas por diferentes organismos, que van desde los 1.600 millones de euros a los más de 4.000 millones que estiman los colegios de economistas. En torno a un 0,2 % del PIB anual del país.
Una cifra muy elevada para una negligencia fruto de una imposición de ideología política sobre criterios técnicos, que han llevado más allá del límite a uno de los sistemas eléctricos más innovadores y avanzados del mundo, que ahora tiene una mala prensa inmerecida. Como siempre en nuestro país, nadie se hace responsable y no se esperan dimisiones o ceses. Máxime cuando se augura una enorme litigiosidad por parte de los afectados, ya sean empresas, personas o países. Ya que parece claro que Portugal está pidiendo investigaciones imparciales para pedir compensaciones económicas. El impacto en la llamada marca España fácilmente superará, al menos a corto plazo, los 3.000 millones de pérdida directa.